Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más graves y de mayor crecimiento en México. En solo seis meses, su incidencia aumentó 25%, afectando a empresas, comercios y familias, con pérdidas estimadas en 124 mil millones de pesos al año.
La diputada federal por Tamaulipas, Blanca Araceli Narro Panameño, advirtió que este delito golpea con especial dureza a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la base de la economía nacional. Sus modalidades —llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación— generan un clima de miedo que paraliza inversiones y frena el desarrollo económico y social.
“Es urgente aprobar la Ley General contra la Extorsión, sobre todo ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que persiste en 18 estados del país. No se trata solo de un tema económico, sino de seguridad y estabilidad para las familias mexicanas”, señaló.
El dictamen, ya aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoce que la extorsión ha diversificado sus métodos, alcanzando incluso a servidores públicos y autoridades de distintos niveles. En 2024 se registraron 4.9 millones de delitos de este tipo, lo que equivale a una tasa de 5,213 casos por cada 100 mil habitantes. En el sector productivo, la prevalencia es de 1,562 víctimas por cada 10 mil unidades económicas.
Narro Panameño recordó que, aunque el gobierno federal lanzó el mes pasado una estrategia nacional contra la extorsión, los resultados no han frenado su avance. “Este delito es ya una de las principales herramientas de financiamiento de la delincuencia organizada, como lo reconoció recientemente el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya”, enfatizó.
La legisladora, secretaria de la Comisión de Educación en San Lázaro, afirmó que esta ley no solo busca castigar, sino establecer mecanismos preventivos y de coordinación entre los tres niveles de gobierno para cerrar el paso a las redes de extorsión que operan en todo el país.
