Ciudad Victoria, Tam. – El Gobierno de Tamaulipas descalificó categóricamente la versión difundida en algunos medios nacionales que lo señalaban de haber otorgado contratos de obra pública a José Francisco Mendoza Gómez, recientemente extraditado a Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado.
La administración estatal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, precisó que la información es totalmente falsa y carece de sustento legal o documental. “No existe ninguna prueba que vincule a este individuo con contratos del Gobierno del Estado”, aclaró la dependencia.
El propio padrón de contratistas de la Secretaría de Obras Públicas confirma que Mendoza Gómez nunca ha estado registrado, ni como socio ni como contratista. “Tampoco forma parte de alguna empresa con la que el Estado tenga relación contractual”, reiteró el titular del área, Pedro Cepeda.
En paralelo, el ingeniero civil José Francisco García Flores, propietario de la empresa JF Konstruyendo, S.A. de C.V., denunció que su nombre y el de su compañía fueron indebidamente ligados al extraditado. En conferencia de prensa mostró documentos que acreditan la legalidad de su empresa y rechazó tener cualquier nexo con Mendoza Gómez. “La difusión de esa información dolosa nos ha causado un daño moral y económico irreparable”, sostuvo.
La publicación que originó la polémica fue del portal Artículo 7, el cual, ante la evidencia, terminó por rectificar y ofreció una disculpa pública a la empresa afectada y a su audiencia, reconociendo que se trató de un error.
El Gobierno de Tamaulipas reafirmó que los recursos públicos se ejercen bajo principios de transparencia y legalidad, y subrayó que se mantienen filtros de control para impedir que cualquier persona relacionada con actividades ilícitas pueda beneficiarse de contratos oficiales.
Finalmente, la administración estatal dejó claro que respeta y garantiza la libertad de expresión, pero hizo un llamado a que la información publicada por los medios de comunicación se apegue siempre a la veracidad y a la verificación de fuentes, a fin de evitar daños a terceros y confusión en la opinión pública.
