Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, Hernán de la Garza Tamez, confirmó que se abrió una investigación exhaustiva contra los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, adscritos a Reynosa, por su actuación en resoluciones judiciales relacionadas con delitos de extorsión.
A la vez, Magistrado pide que la Fiscalía también actúe
La pesquisa, instruida a través de la Visitaduría del Poder Judicial del Estado, busca determinar si las resoluciones emitidas se apegaron a derecho o si existió algún tipo de responsabilidad. “Será un proceso riguroso; no vamos a prejuzgar, pero sí a analizar cada detalle”, aseguró de la Garza Tamez.
El también presidente del Supremo Tribunal de Justicia señaló que la revisión responde a un exhorto de la Diputación Permanente del Congreso local, derivado de dos casos distintos en los que los jueces modificaron medidas cautelares y retiraron la prisión preventiva oficiosa a los imputados.
De la Garza Tamez subrayó que el Congreso también debería dirigir exhortos a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, por su papel determinante en estos procesos. “No solo intervienen los jueces; hay más actores que deben rendir cuentas”, enfatizó.
En uno de los casos, explicó, el juez Rocha decretó prisión preventiva oficiosa y justificada para cuatro acusados, basándose en que eran personas de alto riesgo, no tenían arraigo y el delito imputado era de alta penalidad. Sin embargo, jueces de Distrito ordenaron retirar la prisión preventiva oficiosa por considerarla inconvencional.
Tras esa resolución federal, la defensa solicitó audiencia para cambiar las medidas cautelares, presentando un dictamen de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares de la SSP que clasificaba a los imputados como de bajo riesgo. Ni el Ministerio Público ni el asesor jurídico de la víctima objetaron el documento, y además se acreditó el arraigo de los acusados. Con dos de los tres elementos originales debilitados, el juez modificó la medida.
“Llama la atención la conformidad del Ministerio Público en este caso, ya que no se interpuso recurso de apelación. Esto refuerza la necesidad de investigar a todas las partes involucradas, no solo a los jueces”, recalcó de la Garza Tamez.
El magistrado adelantó que la indagatoria podría tomar un par de semanas antes de emitir una conclusión sobre si la actuación judicial estuvo apegada a derecho o si se incurrió en alguna irregularidad.
