Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas no descarta exigir explicaciones a la Fiscalía de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública tras la polémica decisión que permitió liberar a imputados por extorsión en Reynosa, debido a posibles errores cometidos por el Ministerio Público en el proceso.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, aseguró que la legislatura no solo ha pedido al Consejo de la Judicatura investigar el actuar de los jueces que intervinieron, sino que también se solicitarán revisiones al trabajo de los agentes del Ministerio Público y de la SSP si se comprueba que hubo negligencias.
La controversia comenzó cuando los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, adscritos a Reynosa, resolvieron retirar la prisión preventiva a los acusados en dos procesos por extorsión. La medida encendió las alertas en el Congreso, que considera el delito uno de los más dañinos para las familias y empresarios en la frontera.
Prieto Herrera recordó que el presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán de la Garza Tamez, ya adelantó que la investigación no se limitará a los jueces. “Si hubo fallas del Ministerio Público o de Seguridad Pública, también deberán rendir cuentas. No se trata de señalar a unos y exonerar a otros”, puntualizó.
En la “mañanera legislativa”, el líder del Congreso sostuvo que este no es un pleito con el Poder Judicial, sino una exigencia de claridad. “Nos sorprendió la forma en que se resolvió el caso, pero será la investigación la que marque el rumbo. Por eso pedimos informes no solo al Consejo, sino también a la Fiscalía y a Seguridad Pública”, explicó.
El legislador recordó que los imputados fueron detenidos y enviados a prisión preventiva, pero posteriormente recuperaron su libertad bajo criterios judiciales. “Queremos saber si en esa ruta procesal hubo deficiencias de parte de la Fiscalía o la SSP. El Congreso estará atento a cualquier irregularidad”, agregó.
La exigencia central, recalcó Prieto, es que en delitos de alto impacto como la extorsión no se repitan errores que favorezcan la impunidad.
“Las instituciones deben actuar con rigor, porque detrás de cada expediente hay víctimas que esperan justicia”, remató.
