Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El diputado de Morena, Humberto Prieto Herrera, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Atención a Víctimas de Tamaulipas, con el objetivo de que la Comisión Estatal actúe de oficio y garantice ayuda inmediata a mujeres, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y desplazados internos, sin necesidad de que estos presenten una solicitud formal.
Actualmente, la ley condiciona el acceso a recursos de apoyo y reparación integral a la entrega de un escrito por parte de las víctimas, lo que —según Prieto— genera “trabas burocráticas” que terminan por revictimizarlas. La propuesta busca modificar el artículo 134 para que, cuando la autoridad ya cuente con un expediente integrado, la Comisión Estatal dicte las medidas de protección y reparación de manera automática.
El legislador recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en casos de desplazamiento forzado, donde se enfatiza la obligación del Estado de atender de forma reforzada a los grupos más vulnerables. En este sentido, advirtió que no se debe obligar a las víctimas a cumplir con requisitos burocráticos para acceder a su derecho a la justicia y a la reparación del daño .
“Es deplorable que, además de haber sufrido la afectación a sus derechos, las víctimas tengan que enfrentarse a procesos desgastantes para recibir apoyo. El Estado debe garantizar medidas rápidas y oportunas”, sostuvo Prieto en su exposición de motivos.
La iniciativa se enmarca en el contexto de violaciones a derechos humanos y fenómenos como el desplazamiento forzado, que en los últimos 20 años ha golpeado a cientos de familias en Tamaulipas. Estos grupos, señaló, suelen enfrentar carencias en vivienda, salud, educación y trabajo al abandonar sus lugares de origen.
De aprobarse, la reforma permitiría a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas dictar directamente las medidas de reparación integral para los sectores en mayor riesgo, cumpliendo con principios de debida diligencia, agilidad y acceso efectivo a la justicia.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y, de ser avalada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado .
