Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Colocar botes, sillas, blocks o cualquier otro objeto para “apartar” cajones de estacionamiento en la vía pública podría convertirse en un problema legal mayor en Tamaulipas. Quien lo haga no solo enfrentaría sanciones administrativas, sino también una denuncia penal por ataques a las vías de comunicación.
La propuesta fue presentada por el diputado de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, ante la Diputación Permanente del Congreso local.
La iniciativa busca reformar el artículo 56 de la Ley de Tránsito estatal, obligando a las autoridades municipales y estatales de tránsito a retirar de inmediato cualquier objeto colocado sin permiso, apercibir al responsable y, en caso de reincidencia, denunciarlo ante el Ministerio Público.
El legislador explicó que esta práctica se ha vuelto común en fraccionamientos, colonias y zonas aledañas a oficinas públicas, donde particulares se apropian de espacios que son de uso colectivo, afectando el derecho de otros automovilistas a utilizarlos libremente.
Vargas recordó que el Código Penal de Tamaulipas ya establece como delito la obstrucción de la vía pública, al considerar que representa un atentado contra los medios de transporte y las comunicaciones.
En este sentido, apartar un estacionamiento con objetos es una conducta ilegal que debe erradicarse.
De acuerdo con la iniciativa, los agentes de tránsito tendrán la obligación de retirar cualquier obstáculo encontrado durante sus recorridos, y si identifican al responsable, deberán notificarle formalmente que no puede reincidir.
La reforma también subraya que deberán respetarse las cocheras particulares y los espacios reservados a personas con discapacidad, los cuales no podrán ser bloqueados bajo ninguna circunstancia.
“Quien intente reservar un espacio en la vía pública con objetos improvisados no solo perderá esos artículos, también se expone a enfrentar consecuencias penales. Las calles son de todos, y ningún ciudadano puede apropiarse de ellas”, puntualizó el legislador de Morena.
Finalmente, Vargas Fernández recordó que la Ley de Tránsito vigente fue expedida en 1987, por lo que requiere ajustes urgentes para responder al crecimiento acelerado del parque vehicular y a los problemas de movilidad que enfrentan las ciudades del estado.
