Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona provocaron un daño comprobado por 343 millones 966 mil pesos a la Secretaría de Salud de Tamaulipas durante los años 2017 y 2018, en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca.
El director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, informó que ya se interpusieron 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter federal, en contra de exfuncionarios de la dependencia.
La denuncia fue presentada el martes 26 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Los delitos señalados son uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En conferencia de prensa, Saldaña expuso los mecanismos utilizados por los Carmona a través de las empresas PERMART y JOSER, mediante las cuales obtuvieron contratos millonarios en la pasada administración panista.
Entre los presuntos implicados se encuentran el exgobernador Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, el exsubsecretario de Planeación y Vinculación Social Horacio García Rojas Guerra, el exsubsecretario de Administración y Finanzas Alejandro Aguilar Poegner, así como Román Castillo Airola, exdirector de Compras del Gobierno estatal.
“Durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 se celebraron contratos de servicios en hospitales de Tamaulipas con empresas ligadas a los Carmona, pero los pagos se realizaron sin cumplir requisitos de licitación”, explicó.
Detalló que en los expedientes no aparecen invitaciones a otros proveedores ni cotizaciones de respaldo. En algunos casos, incluso, se efectuaron pagos sin facturas que comprobaran los servicios contratados.
El funcionario estuvo acompañado del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.
Saldaña subrayó que existe evidencia de adjudicaciones directas irregulares, sin justificar un estado de urgencia, además de expedientes inexistentes en el Comité de Compras de la Secretaría de Administración.
Añadió que hay pruebas de que los exfuncionarios acordaron pagos por 500 millones de pesos a las empresas de los Carmona. Sin embargo, 157 millones de esa suma no se entregaron, y tampoco aparecen en los registros fiscales ni hay documentos que acrediten su destino.
De las 70 denuncias presentadas, las 14 de carácter penal documentan el manejo indebido de los recursos y confirman un quebranto de 344 millones de pesos pagados a las empresas de los Carmona.
“El esquema fue claro: exfuncionarios y empresas se asociaron para desviar recursos públicos. Se pactaron contratos por 500 millones, de los cuales 157 millones nunca se pagaron y hasta hoy no hay evidencia de dónde quedaron”, concluyó.
Según el desglose de las denuncias, el quebranto suma 221 millones de origen estatal y 122 millones de recursos federales.
