Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El desfalco por 343 millones 966 mil pesos en la Secretaría de Salud durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca no solo involucra a exfuncionarios panistas y a las empresas de los hermanos Carmona: se ejecutó con un cúmulo de irregularidades que van desde pagos sin facturas hasta contratos sin firmas y cheques entregados a compañías equivocadas. A ello se suma un misterio aún más turbio: 157 millones de pesos que nunca se pagaron y de los que no existe registro alguno sobre su destino.
Este conjunto de anomalías forma parte de las 14 denuncias penales que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, dentro de un paquete de 70 recursos administrativos y judiciales abiertos para deslindar responsabilidades.
Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la dependencia, confirmó que incluso hubo exfuncionarios del propio gobierno cabecista que colaboraron como testigos, aportando detalles sobre el mecanismo que permitió desviar recursos a través de PERMART Grupo Industrial y JOSER Grupo Industrial S.A. de C.V., ambas empresas controladas por los Carmona.
El esquema, explicó, se diseñó en 2017 y 2018 para contratos de mantenimiento en hospitales por 500 millones de pesos. De ese monto, una parte quedó sin cubrir, pero los proveedores nunca reclamaron el pago, lo que refuerza la sospecha de acuerdos ilícitos entre los empresarios y funcionarios del gobierno estatal.
El desglose del quebranto es contundente: 221 millones de pesos con origen estatal y 122 millones federales. Los señalados en esta red de complicidades incluyen al exgobernador Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, el exsubsecretario Horacio García Rojas Guerra, el exsubsecretario Alejandro Aguilar Poegner y el exdirector de Compras Román Castillo Airola.
Los expedientes están plagados de ejemplos de corrupción flagrante. Un caso ilustra la desfachatez: el 28 de febrero de 2018 se pagaron más de 4 millones de pesos, aunque la factura correspondiente se emitió hasta octubre de ese mismo año. En otro episodio, 13 millones de pesos fueron depositados a JOSER, cuando el contrato correspondía a PERMART, y encima, sin la firma de los responsables.
El patrón se repite: contratos incompletos, omisiones deliberadas y cheques liberados sin respaldo legal. Uno de ellos, por más de 18 millones de pesos, se pagó pese a carecer de las rúbricas obligatorias. Para la Dirección Jurídica de Salud, todo esto confirma la existencia de una red de complicidad estructurada desde el primer nivel del gobierno cabecista.
Saldaña subrayó que la presentación de estas denuncias fue posible hasta ahora debido a que nunca hubo un proceso real de entrega–recepción, lo que dificultó la localización de documentos clave. Aun así, aseguró que hoy existen elementos sólidos para fincar responsabilidades.
“El trabajo de la actual Fiscalía Anticorrupción será decisivo. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, cuando la entonces Fiscalía escondió información, ahora no debe quedar margen de duda: este caso debe investigarse a fondo y sin encubrimientos”, sentenció.
