Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Comisión del Deporte en el Congreso local, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, lanzó una acusación directa: en Tamaulipas, “unos cuantos” han convertido al deporte en un negocio personal, apropiándose de recursos que deberían llegar a los atletas.
La legisladora advirtió que la situación se repite en asociaciones que operan bajo registro oficial y que, en teoría, deben canalizar apoyos a competidores. Sin embargo, denunció que varias de ellas manipulan los recursos y terminan quedándose con el dinero. “Esta práctica tiene que acabarse”, sostuvo.
Jaime Castillo explicó que en torno al deporte se ha creado un ecosistema donde el espectáculo y la emoción generan ingresos, pero donde también surgen abusos. “El deporte debería ser motor de identidad y orgullo, pero algunos lo han reducido a un negocio que deja ganancias a costa de los atletas”, apuntó.
La diputada señaló además que existen ligas deportivas que lucran con instalaciones públicas del Estado, cobrando cuotas a los jugadores sin reportar ingresos ni destinar nada al mantenimiento de las áreas.
Por ello, informó que desde el Congreso se están organizando foros ciudadanos con deportistas y entrenadores, con el fin de escuchar sus necesidades y avanzar en una reforma profunda. Reconoció que la actual Ley de Actividad Física y Deporte está desfasada y “llena de cabos sueltos”, ya que privilegia derechos de las asociaciones, pero casi no les impone obligaciones.
“Necesitamos reglas claras: que las asociaciones demuestren en qué gastan el dinero, a quiénes apoyan y qué resultados obtienen. Si realmente están constituidas legalmente, entonces debe garantizarse que los recursos lleguen de manera equitativa a todos los deportistas”, subrayó.
La legisladora dijo desconocer el número exacto de asociaciones deportivas que operan en Tamaulipas, pero adelantó que ya se inició un diagnóstico con foros en distintos municipios: el primero en Madero y el siguiente en Nuevo Laredo.
“Voy a sentarme con Manuel Virués para revisar cuántas asociaciones están registradas en el INDE y cómo fluye el presupuesto. Esa información será clave para ajustar la ley y cerrar espacios a los abusos”, concluyó.
