Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud estatal, con el objetivo de garantizar un concepto más amplio de bienestar y atender de manera prioritaria el problema de la obesidad.
Las reformas, promovidas por los diputados Víctor Manuel García Fuentes (PT) y Humberto Prieto Herrera (Morena), actualizan la definición de salud para que no solo se entienda como la ausencia de enfermedad, sino como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social que las personas puedan alcanzar, en concordancia con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
El dictamen establece además que la atención en salud debe ser universal, continua y equitativa, fortaleciendo la cobertura en todos los niveles de atención y con énfasis en la detección temprana de enfermedades relacionadas con la nutrición.
De manera particular, se incorporan estrategias obligatorias para prevenir, diagnosticar y atender la obesidad, considerada ya una enfermedad crónica y multifactorial.
De acuerdo con cifras oficiales, Tamaulipas ocupa el noveno lugar nacional en casos de obesidad atendidos por el sector salud, con más de 4 mil registros al cierre de 2024. La situación es considerada alarmante en el país, donde 37% de los niños entre 5 y 11 años presentan sobrepeso u obesidad.
La nueva legislación busca que estas problemáticas sean abordadas con la misma prioridad que padecimientos como la diabetes o la hipertensión. Para ello, se incluyen disposiciones que obligan a implementar campañas educativas, diagnósticos tempranos y programas preventivos en escuelas y comunidades.
El dictamen aprobado también introduce un enfoque de justicia social, al reconocer que factores como el género, la edad, la condición económica o la pertenencia étnica inciden en el acceso a los servicios de salud. La norma ordena que se tomen medidas compensatorias para reducir esas desigualdades.
Con estas reformas, la Ley de Salud de Tamaulipas se alinea a la Constitución federal, a la Ley General de Salud y a los compromisos internacionales de México, particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que buscan garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
