Ciudad Victoria.– El presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán de la Garza Tamez, advirtió que la jueza Roxanne Ibarra Canul, titular del Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira, podría enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también responsabilidades que configuren un delito.
La revisión surgió tras el polémico caso de Gabriela Salazar, a quien le fue retirada la custodia de su hija pese a que existían denuncias previas de violencia familiar contra el padre de la menor. El asunto, ventilado públicamente durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria, obligó al Poder Judicial a intervenir de oficio.
De la Garza Tamez explicó que el Consejo de la Judicatura ordenó una visita especial a dicho juzgado y designó a tres visitadores para revisar expedientes y actuaciones. “He revisado personalmente el caso y ya se detectaron situaciones que podrían derivar en responsabilidades administrativas y, en algunos puntos, hasta en hechos constitutivos de delito”, reconoció.
El magistrado adelantó que, de confirmarse irregularidades graves, se integrará un expediente completo y se dará vista al Ministerio Público para que determine la posible comisión de delitos.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas señaló que la investigación también contempla los antecedentes de medidas precautorias dictadas por el Juzgado Séptimo de lo Familiar, que refuerzan la denuncia de la madre.
Precisó que él no ha tenido contacto directo con la jueza Ibarra Canul, pues son los visitadores judiciales quienes conducen la indagatoria, pidiendo informes y revisando los expedientes involucrados.
Cuestionado sobre si la funcionaria podría ser separada de su cargo o impedida para rendir protesta como magistrada el próximo 30 de septiembre —tras haber resultado electa en junio pasado—, De la Garza Tamez prefirió no anticipar escenarios y esperar a que la investigación concluya.
