La operación conjunta de la FGR y la Secretaría de Seguridad federal, encabezada por Omar García Harfuch, resultó en la detención de 14 personas (empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas) en Tamaulipas por delitos de huachicol, y se anticipa que más políticos y empresarios serán capturados próximamente, lo que evidencia un cambio de rumbo en la administración de Claudia Sheinbaum respecto a la gestión anterior de AMLO.
La red desmantelada tenía nexos con asesinatos de alto perfil y manejaba operaciones multimillonarias de robo y tráfico de hidrocarburos, requiriendo meses de investigación conjunta entre la Secretaría de Marina, FGR, SSPC y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La operación incluyó la inspección en marzo de una embarcación en el puerto de Tampico, con decomiso récord de 10 millones de litros de diésel, así como cateos simultáneos y el aseguramiento de 190 contenedores.
Entre los detenidos se encuentran 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas, entre ellos familiares de ex altos mandos de la Marina, aunque se enfatizó que la institución no encubrió a nadie.
El gobierno de Sheinbaum ha decomisado más hidrocarburo robado en nueve meses que el sexenio anterior, con un incremento del 50.86% en litros recuperados, lo que evidencia una nueva estrategia federal y una mayor prioridad para el combate al huachicol.
Especialistas subrayan que, a diferencia del discurso previo que minimizaba el delito, la gestión actual busca sancionar tanto a operadores como a funcionarios y empresarios involucrados, y enfrenta posibles presiones internacionales, especialmente de EE.UU., por el impacto del crimen transnacional.
La FGR mantiene investigaciones abiertas con más sospechosos, incluidos funcionarios actuales y anteriores, lo que anticipa un golpe de timón con impacto político notable en la relación con poderes fácticos y estructuras de corrupción.
Analistas y medios interpretan estas acciones como una clara toma de distancia de Sheinbaum respecto al legado de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la lucha contra el robo de combustible y la impunidad asociada.
La presidenta Sheinbaum subrayó su firme compromiso de llevar las investigaciones “hasta donde tope” para erradicar la impunidad, incluso si los implicados tienen vínculos con altos funcionarios o familiares de figuras del gobierno anterior.
Al proceder judicialmente contra militares y empresarios protegidos durante el sexenio anterior, Sheinbaum busca marcar diferencias con la narrativa obradorista y reforzar la legitimidad de su proyecto frente a sectores que exigían un combate real a la corrupción.
Mientras para aliados y parte de la sociedad esta operación representa una muestra de fuerza y gobernabilidad, para otros podría interpretarse como persecución política contra exfuncionarios y empresarios ligados al obradorismo.
