Ciudad Victoria, Tamaulipas. — El diputado federal José Braña Mojica, secretario de la Comisión de Ganadería en San Lázaro, lanzó una alerta: cada año ingresan de manera ilegal al país más de 800 mil cabezas de ganado por la frontera sur, muchas de ellas infectadas con gusano barrenador, lo que ha provocado pérdidas millonarias y un freno total a la exportación hacia Estados Unidos.
El legislador del Partido Verde explicó que el veto sanitario impuesto por el gobierno norteamericano destapó una red de contrabando proveniente de Centroamérica. Aunque fuerzas federales como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina han reforzado la vigilancia, el daño ya está hecho: el mercado interno enfrenta desabasto y un repunte de precios en distintas regiones del país.
Mientras tanto, las exportaciones legales se desploman. Braña Mojica detalló que durante el primer semestre de 2025 el envío de reses mexicanas al extranjero cayó 52.3%, lo que golpea directamente a los productores que dependen de ese mercado. “El contrabando está creciendo como negocio paralelo en plena crisis sanitaria, económica y de seguridad”, advirtió.
Las cifras del Banco de México confirman la gravedad: entre enero y marzo las ventas sumaron 162.8 millones de dólares, es decir, 178.2 millones menos que en el mismo periodo de 2024. El Consejo Nacional Agropecuario calcula que la pérdida equivale a 11.4 millones de dólares diarios, una sangría que podría empeorar si se mantiene el cierre de la frontera.
La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) pidió una coordinación más estricta entre los tres niveles de gobierno para frenar el contrabando. Según el organismo, la plaga del gusano barrenador no solo afecta la salud animal, sino que amenaza con borrar décadas de avances en materia de sanidad pecuaria.
Braña Mojica subrayó que el negocio ilegal no es menor: la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) estima que el tráfico de ganado por la frontera sur mueve 360 millones de pesos anuales, unos 18 millones de dólares, alentado por la corrupción, la falta de presupuesto y la debilidad en los controles de inspección.
“Estamos frente a un riesgo que no solo es económico, sino también sanitario y de seguridad nacional. Si no se actúa con firmeza, el mercado formal seguirá perdiendo terreno frente a la ilegalidad”, concluyó el diputado.
