Ciudad de México. El recorte del 18.6% al presupuesto de 2026 en el rubro de seguridad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone debilitaría las capacidades del Estado para enfrentar la violencia, advirtió la oposición en la Cámara de Diputados.
Consultados por Excélsior, representantes de las seis bancadas fijaron postura sobre uno de los temas que, adelantan, será de los más polémicos en el análisis, debate y aprobación de la Ley de Egresos del próximo año.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aseguró que, por el contrario, “el rubro de Seguridad refleja un aumento real del del 17.6% con una asignación presupuestaria por 62 mil 296.1 millones de pesos, lo que representa un aumento respecto de 2025, en términos nominales por 11mil 120.7 millones de pesos”.
En el mismo sentido, Raúl Bolaños Cacho, vicepresidente de la Mesa Directiva por la bancada del PVEM sostuvo que “es un tema de redistribución con base en su nueva estructura orgánica”, aclarando que “no hay debilitamiento presupuestal, sino reorganización administrativa”.
El diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja señaló que para el caso de las policías locales se mantiene el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG). Pero consideró que las autoridades locales también deben hacer su parte, pues pretenden que todo lo resuelva la federación y, en el caso de los gobernadores de la oposición, dijo, “siguen gastando en comunicación social de manera impresionante”.
CAE 40 % EN DOS AÑOS
Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, prendió las aletas al afirmar que, sumando este nuevo recorte al efectuado en el ejercicio presupuestal actual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana habría experimentado una caída de más 40 % en sus recursos. Y, “sin presupuesto suficiente, el riesgo directo es que se minimice la capacidad del Estado para hacer frente al fenómeno del crimen organizado y la delincuencia en el país”, auguró.
Para la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, “la aprobación de este recorte presupuestal sellaría de forma definitiva la militarización del país” y esto aumentaría la presión sobre policías estatales y municipales, quienes tendrán que cargar ahora con todas las tareas policiales del orden civil.
Pese a la defensa que los legisladores afines al gobierno realizan de la propuesta de Hacienda, existe disposición tanto en el oficialismo como en la oposición de realizar cambios en las próximas semanas.
“Quienes legislamos, como lo hicimos con el presupuesto del año pasado, realizaremos ajustes que consideremos benefician a nuestro país”, adelantó el diputado Bolaños Cacho.
“Sigue pendiente la declaratoria y publicidad del decreto que mejora el salario de los policías, aun cuando ambas Cámaras aprobaron la reforma y al igual que 31 estados”, subrayó la jefa de la bancada naranja, al recordar un pendiente que será parte del debate.
“Se necesita revisar el recorte en la Cámara de Diputados, priorizando inversión en inteligencia, prevención del delito y fortalecimiento de capacidades civiles de la SSPC, sin desmantelar su estructura”, enumeró el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).
MILITARIZACION NO ES SOLUCIÓN:MC
El Proyecto de Egresos de la Federación 2026 contiene un recorte a Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por 10,311 millones de pesos, es decir, un 18.6% real con respecto a lo ejercicio actualmente.
¿Qué riesgos conlleva esta caída presupuestal?, preguntamos a los seis legisladores.
Para la jefa de la diputación de MC, esta medida refuerza la militarización.
“Si revisamos a detalle cada partida presupuestal del ramo de Seguridad y Protección Ciudadana, podemos observar que el recorte se debe en gran medida a que la Guardia Nacional deja de estar cargada presupuestalmente a este ramo para pasar ahora al ramo 7 de Defensa Nacional”, explicó la diputada Ortega.
Consideró que, como ahora lo confirman los hechos, “dar más poder político, policial y ahora presupuestal a las fuerzas armadas, no garantiza mayor seguridad y sí aumenta la opacidad de los recursos, ya que las fuerzas armadas no están sujetas al escrutinio ciudadano directo.
“Al darles mayor poder en tareas civiles como en la construcción de proyectos, manejo de aduanas, puertos o aeropuertos, quedan expuestas de manera muy cercana a redes de corrupción y crimen organizado”, remarcó la coordinadora de los diputados de MC.
Definió que, para su bancada, la prioridad es fortalecer a las policías locales y fiscalías para poder acabar con la impunidad. “Lamentablemente, el diseño del presupuesto en seguridad lo que menos prioriza es eso, mientras nuestros policías arriesgan su vida todos los días con salarios precarios. Y la militarización no es la solución”.
DESMANTELAN LA CAPACIDAD DEL ESTADO: PRI
En tanto el coordinador de los diputados del PRI sostiene que “son muchos los riesgos que se vislumbran al pretender el gobierno de MORENA reducir el presupuesto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en más de 10 mil millones sumado a los más de 35 mil millones que le quitaron de 2024 a 2025”.
Sostiene Rubén Moreira Valdez que existe “una crisis en materia de seguridad sin precedentes”, con injerencia del crimen organizado en todas las esferas de la sociedad, y un saldo de 14 mil 549 personas desaparecidas durante el primer año del actual gobierno, cifra 34% mayor a la registrada en el primer año de gobierno de López Obrador y 104% superior a la del mismo periodo del gobierno de Peña Nieto y hay más de 5 mil 887 víctimas de extorsión.
“Sin embargo, hoy se ha desmantelado la capacidad del Estado de actuar como primer respondiente en el caso del conocimiento de delitos federales”, describe.
Sostiene que también se debilitó la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues ahora “ya no tiene elementos efectivos para actuar”.
Precisa que igualmente “el Ejército también quedó debilitado, porque algunos de sus activos pasaron a formar parte de la Guardia Nacional”.
Señala que aun cuando nuevas leyes le dan atribuciones para la investigación delictiva, sin los recursos necesarios, las funciones en materia de Seguridad Pública se siguen debilitando.
ES UN RECORTE AGRESIVO: PAN
Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador de la bancada del PAN, advirtió que “el recorte del 18.6% a la SSPC amenaza con agravar la inseguridad, erosionar la confianza ciudadana y limitar la capacidad operativa, comprometiendo la estabilidad en un contexto crítico”.
Planteó que, “sin esos recursos, la Estrategia Nacional de Seguridad será solo discurso”.
Para el legislador, eliminarle a la SSPP un monto de 10,300 millones de pesos “es un recorte agresivo”, en un contexto de alta inseguridad en México, con 61.9% de la población percibiendo inseguridad, focos rojos en Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero y con más de 125 mil personas desaparecidas
Frente a este panorama, el vicecoordinador económico de la bancada de Acción Nacional plantea que, de concretarse el recorte, se corre el riesgo de que aumente la delincuencia.
Explica que la reducción del 70% en el rubro de prevención del delito (de 30,597 mdp a 8,683 mdp) limitaría las tareas de inteligencia y patrullaje.
Prevé que con esta medida “también se traduciría en debilidad operativa, ya que el recorte del 46.1% a órganos operativos de la Secretaría (de 68,641 mdp a 36,973 mdp) afecta al Centro Nacional de Inteligencia y Policía, reduciendo equipamiento y capacitación para los miles de elementos, lo que compromete operaciones contra el narcotráfico”.
Podría darse, alerta el diputado Saúl Téllez, una mayor percepción de inseguridad y riesgos institucionales.
“La transferencia de la Guardia Nacional a SEDENA, con un 4.2% más de presupuesto, profundiza la militarización, debilitando la coordinación con estados y aumentando riesgos de corrupción”.
Para el legislador del PAN también habría un impacto socioeconómico, toda vez que “la inseguridad, que ya cuesta 4% del PIB, podría afectar turismo, inversión y el TMEC, especialmente ante presiones de Estados Unidos por el fentanilo”.
MORENA: HAY MÁS RECURSOS
La diputada Merelyn Gómez Pozos (Morena), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que “se recortó a la Secretaría de Seguridad, pero hubo un aumento real al rubro de seguridad, y tiene que ver con un aumento importante a otras instituciones de Seguridad; y a que los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su funcionamiento pasan a SEDENA”.
Detalló la legisladora que la resectorización consiste en que el presupuesto asignado a la Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos que se encontraba adscrito al Ramo 36, en 2026 pasa directamente al Ramo 07 de SEDENA, como servicios de operación para la prevención, investigación y persecución de delitos, con una asignación presupuestaria de por 16,934.2 millones de pesos.
“Este incremento se dirige a la atención de rubros como asuntos de orden público y seguridad; policía; protección civil y Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encuentran vinculados con el Ramo 4, correspondiente a Gobernación; Ramo 36, que es de Seguridad y Protección Ciudadana; y Ramo 33 para Aportaciones Federales para Entidades Federativas”, enumeró.
ANALISIS A FONDO: PVEM
En el mismo sentido, el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro por el PVEM explica que el recorte señalado se explica por el traslado de recursos a SEDENA.
“Derivado de las reformas aprobadas, la Guardia Nacional pasó a formar parte de la SEDENA, por lo que más del 60% de los 10 mil millones -es decir 6,608 mdp- fueron transferidos al Ramo 07 de Defensa Nacional”, precisa el diputado Bolaños Cacho.
Destaca el legislador del PVEEM que por la creación de un nuevo programa en el Ramo 07 de Defensa Nacional (E056), la SEDENA recibirá 16,934.2 mdp para servicios de operación para la prevención, investigación y persecución de delitos. “Eso garantiza continuidad de acciones contra la delincuencia”, confió.
Detalló el parlamentario que la SSPC conservará recursos en áreas críticas, incluso con incrementos nominales por 11,897.3 mdp.
Y desglosó que la dependencia contará con cuatro asignaciones relevantes
1. El Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública con 45.2 mdp.
2. Para la administración del Sistema Federal Penitenciario, con 1,498.4 mdp.
3. Con provisiones para infraestructura de seguridad que sumará 9,250.3 mdp, y
4. Para la política de Inteligencia para la Seguridad Nacional, ejercerá un monto de 1,103.4 mdp.
Recordó el exsenador que es responsabilidad de la Cámara de Diputados revisar y aprobar el PEF 2026. “Lo analizaremos a fondo, se llevarán a cabo reuniones de parlamento abierto para escuchar a las voces interesadas”, sostuvo.
El diputado Raúl Bolaños sostuvo que el, en el proyecto de egresos para 2026, el gobierno enfatiza una estrategia integral, en donde el incremento del 16.3% en la Secretaría del Bienestar (pasando a 674,510 mdp) “busca atender las raíces socioeconómicas de la inseguridad, alineado con el humanismo mexicano promovido por la administración actual”.
SEGURIDAD SE FORTALECE: PT
El ex subsecretario federal de seguridad Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo se suma a la explicación gubernamental de que, con el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el grueso de los recursos se asignó a la SEDENA.
“Por esa razón, en apariencia, hay una disminución. Sin embargo, SEDENA tiene un incremento de 12 mil millones de pesos. Y en seguridad podríamos decir que en términos reales crece su presupuesto porque el monto de la Guardia Nacional es mayor a la cifra que disminuyó. ¿Qué implica esto? Que sigue habiendo una política de fortalecer a la seguridad. Lo que pasa es que la seguridad no está solo en una institución; son tres instituciones enfocadas a la seguridad a nivel secretarias de Estado”, dice en alusión la Armada de México que depende de Marina, al Ejército y a la secretaría de Seguridad.
Enfatiza el petista que, en el caso de las policías locales se mantiene el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG) y recuerda que, con las nuevas reglas del FORTAMUN, se pueden dedicar mayores recursos a la seguridad. “El problema es que muchos de ellos no lo hacen, y están esperando que todo lo resuelva la federación”, cuestiona.
