Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Comisión Especial para investigar desvíos financieros en la Secretaría de Salud aprobó interponer una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) con el objetivo de reabrir las cuentas públicas de los ejercicios 2017 y 2018, donde presuntamente se destinaron recursos públicos al pago de facturas a los hermanos Carmona sin mediar contratos o convenios.
La propuesta fue presentada por el diputado Víctor García, del PT, quien señaló que de las 14 denuncias sobre presuntas irregularidades en Salud, ocho ya son del conocimiento del Congreso local. “No podemos permitir que hechos de esta magnitud queden sin revisión. La ASE debe revisar con detalle las cuentas públicas de esos años”, afirmó.
El legislador de Matamoros advirtió que la fiscalización de los ejercicios 2016 a 2018 fue deficiente y limitada, lo que generó un posible conflicto de interés, pues el entonces auditor mantenía una relación cercana con el exgobernador. “Es evidente que quedaron vacíos sin revisar y eso abrió la puerta a desvíos millonarios”, acusó.
La Comisión Especial sostuvo que la reapertura de las cuentas permitirá conocer si existieron irregularidades en el manejo del presupuesto de Salud, resarcir el daño económico al erario e incluso reforzar los controles legislativos para blindar los recursos destinados a este sector.
El acuerdo fue aprobado con seis votos a favor, uno en contra y una abstención. Con ello, se facultará a la ASE a revisar a fondo los expedientes y, en su caso, iniciar nuevas auditorías para esclarecer los hechos.
En el debate, el diputado panista Gerardo Peña advirtió que, de confirmarse pagos sin contratos firmados, la situación sería grave, aunque cuestionó la posibilidad. “Para que un pago proceda, pasa por múltiples áreas de validación. Es casi imposible que se concrete sin documentación. Ese es el ABC de la administración pública”, expresó.
Pese a las diferencias, la Comisión coincidió en que es indispensable esclarecer las denuncias y garantizar que no se repitan prácticas que afectan directamente a las instituciones de salud y a la ciudadanía.
