Ciudad de México.- La propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum generó alertas en la comunidad jurídica y senadoras de oposición, porque la consideran un retroceso, aunque el argumento del Ejecutivo federal es que los cambios en criterios como la improcedencia de la suspensión del acto reclamado y el interés legítimo contribuyen “al establecimiento de una administración de justicia más equitativa y eficaz”.
La iniciativa presidencial precisa que la improcedencia de la suspensión por lesiones al interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa “tiene por objeto evitar que se lleven a cabo actividades ilícitas, que lesionen los intereses de la sociedad, atendiendo a la naturaleza e importancia de dichas actividades, que requieren necesariamente de autorización, permiso o concesión legal para su continuación”.
Con esta adición se prioriza el interés colectivo y, fundamentalmente, se promueve la certeza jurídica al alinear la suspensión con el cumplimiento de la función del Estado de garantizar el orden público y el interés social, salvaguardando en todo momento los derechos humanos, sin que la medida cautelar sirva como mecanismo para eludir obligaciones o cometer actos infractores del Pacto Federal, contribuyendo así al establecimiento de una administración de justicia más equitativa y eficaz”, precisa la exposición de motivos de la iniciativa.
El martes 15 por la tarde, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado la iniciativa de reforma legal de la Presidenta de la República, para ajustar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también despertó reacciones en contra de senadores de oposición.
TENDREMOS “AMPAROS DE PAPEL”
Claudia Anaya, del PRI, difundió en su cuenta de redes sociales que “la deformación de la Ley de Amparo llega a tal grado que ahora tendremos ‘amparos de papel’: sólo protegen en lo individual, el acceso al derecho se da, si se puede, si no, pues no; sin sanciones al funcionario y las multas pasan a la institución; en materia de derechos humanos es regresivo e inconstitucional”.
Por su parte, la senadora del PAN Lilly Téllez difundió que “quieren quitarnos el escudo más fuerte contra los abusos del poder: el juicio de amparo. La iniciativa de reforma que presentó Claudia Sheinbaum, en plenos festejos patrios, busca blindar sus abusos y dejar indefensos a los mexicanos. Denunciaré y votaré en contra de esta barbarie”.
En tanto, el grupo Foro Constitucionalista de México alertó que la reforma mata al juicio de amparo; elimina la responsabilidad penal de las autoridades por incumplimiento, porque la reforma dice que “no existirá responsabilidad penal, conforme a este artículo, cuando la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento acredite que el incumplimiento de la suspensión o de la ejecutoria de amparo derivó de una imposibilidad jurídica o material”.
José Mario de la Garza, presidente de Perteneces AC, consideró que la reforma propuesta por la mandataria federal “no es un ajuste técnico; toca el corazón del único recurso que nos permite defendernos frente al Estado”.
El jurista Francisco Burgoa explicó que “una sentencia de amparo, si es que se logra con los jueces electos popularmente, podría convertirse en un trofeo simbólico: bonita para mostrar, inútil para proteger. Si el Estado puede alegar ‘imposibilidad jurídica o material’ ¿en qué consiste entonces el derecho a la justicia?”.
La propuesta presidencial explica en la exposición de motivos que modificar el concepto de “interés legítimo” es para “que facilite el acceso al juicio de amparo, sin distorsionar la naturaleza del acceso a la protección de derechos humanos, en la defensa de intereses colectivos o difusos, se propone establecer, de forma clara y precisa, los elementos que lo integran, conforme al parámetro de control constitucional y al desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
