Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó ayer a 22 objetivos (cinco individuos y 15 empresas) relacionadas con la facción de La Mayiza, por su operación criminal en favor del Cártel de Sinaloa, entre ellos la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, Baja California.
En una visita a la frontera y previo a su llegada a la Ciudad de México, el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, acusó que el Cártel de Sinaloa sigue siendo una organización terrorista extranjera que trafica narcóticos, lava dinero y corrompe a funcionarios locales.
“La acción de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de detener las amenazas a través de nuestras fronteras”, indicó.
La facción de Los Mayos es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México en estados como Sonora, Baja California y Zacatecas, hasta Estados Unidos.
En Rosarito, BC, Los Mayos están involucrados en secuestros, extorsión, lavado de dinero y corrupción del gobierno local.
Agregó que debido a su proximidad a la frontera con EU, Rosarito y las áreas circundantes forman una arteria clave para las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.
El Tesoro aseguró interna en el Cártel ha provocado la muerte de más de mil personas tan sólo en Sinaloa.
Como cabeza de la pelea de Los Mayos contra Los Chapitos está Juan José Ponce Félix (alias El Ruso), fundador y líder del ala armada de este grupo, que controla las rutas de tráfico de drogas en BC.
Este martes la DEA ofreció cinco millones de dólares por informes que conduzcan al arresto de Ponce Félix, quien también opera con el pseudónimo de Jesús Alexandro Sánchez Félix.
Otros sancionados son Alfonso Arzate García y Rene Arzate García, conocidos como los hermanos Arzate, que controlan Rosarito.
Además de Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes, a su vez, trabajan con Jesús González Lomelí, empresario con sede en Rosarito y operador financiero del Cártel de Sinaloa.
“Soy objeto de una infamia”
Tras la acusación de Estados Unidos, la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo negó todas las acusaciones al afirmar que recientemente viajó a San Diego sin problemas.
“Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, publicó en redes sociales.
“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral.
“Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad”, agregó la exalcaldesa de Rosarito.
En paralelo, UIF bloquea cuentas
El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, realizó un bloqueo administrativo a 22 personas investigadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF instruyó un bloqueo administrativo”, informó.
La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
El organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda explicó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados.
“Y en caso de identificar posibles actividades ilícitas dará vista de manera inmediata a la FGR para los efectos legales conducentes”.
La UIF reafirmó que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, se detalló en un comunicado.
