Ciudad de México. El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó sanciones que van desde la inhabilitación para cargos públicos, suspensión del empleo, destitución o sanción económica en contra de las actuales consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera, así como los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por haber pospuesto la organización de la consulta de revocación de mandato, en 2021, por carecer de recursos públicos para realizarla.
Hasta el mediodía de ayer martes el exconsejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien también votó a favor de la posposición, no había sido notificado.
La consejera Dania Ravel dio a conocer esta situación, en su cuenta de “X,” lo que calificó como una “persecución” que inhibe la independencia en las decisiones de las consejerías.
Ravel está citada para comparecer el próximo 8 de octubre para la primera audiencia y el asunto tendrá que resolverse por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La acusación del OIC considera “grave” que seis consejerías aprobaron posponer la organización de la revocación de mandato, en espera de un pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, sobre el dinero para la organización y el cumplimiento de instalar más de 170 mil casillas para ese ejercicio, sin contar con los recursos necesarios.
La ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona conductas “graves” con inhabilitación, suspensión laboral, destitución, o una multa económica a los funcionarios que se les demuestren irregularidades de ese nivel.
Hay que recordar que, Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el INE, interpuso denuncias administrativas y penales en contra de las consejerías.
La causa penal fue desestimada y cuatro años después, el OIC revive la queja administrativa.
No deja de ser llamativo que desde el 22 de diciembre de 2021 (fecha en la que se presentó la queja) hasta el 25 de febrero de 2025, fecha en la que se requirieron los expedientes personales de otros denunciados, no se habían realizado diligencias de investigación más allá de algunas certificaciones”, escribió Ravel.
Agregó que el pasado 12 de junio se requirió a la Dirección de personal del INE el expediente de la consejera “4 años después y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra derivado de una decisión colegiada fundada y motivada”.
La consejera concluyó su comentario diciendo que “perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”.
Víctor Hugo Carvente Contreras fue nombrado contralor del INE en 2024 bajo la presidencia del diputado Sergio Gutiérrez Luna y se le coloca en cercanía a la exsecretaria de la Función Pública y morenista, Irma Eréndira Sandoval.
