Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) refrendó su compromiso con la colegialidad, la independencia y la imparcialidad en la toma de decisiones, en respuesta a la reactivación de una denuncia interna de 2021 que, según el consejero Martín Faz Mora, busca inhibir la autonomía de sus integrantes.
Mientras el Consejo General, en un comunicado, destacó que la pluralidad de criterios es pilar de la democracia, Faz calificó como “reprobable e inadmisible” la determinación del Órgano Interno de Control (OIC) de retomar ese procedimiento, en su cuenta de “X”.
Las consejerías del INE subrayaron que la diversidad de visiones dentro del Consejo General fortalece a la institución y garantiza decisiones “transparentes, democráticas y en estricto apego a la Constitución y a las leyes que la rigen”.
Recordaron que el Consejo delibera y resuelve bajo el principio de colegialidad, por lo que ninguna valoración individual “puede ser objeto de persecución administrativa o sanción externa”.
La revisión de sus acuerdos, enfatizaron, corresponde exclusivamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que asegura contrapesos institucionales.
La independencia de criterio es un valor indispensable en el ejercicio de la función electoral”, sostiene el boletín.
Las y los consejeros del instituto ratificaron que tienen plena libertad para emitir votos con base en convicciones jurídicas y técnicas, “sin presiones ni condicionamientos”, y reiteraron su defensa de la autonomía, la independencia y la pluralidad como órgano constitucional autónomo, para que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones se toman de manera imparcial y en beneficio de la vida democrática del país.
Por su parte, el consejero Martín Faz Mora advirtió que la decisión del OIC sienta “un grave precedente que busca inhibir la independencia de sus integrantes”.
Recalcó que las determinaciones del Consejo General “resultan de deliberaciones y hasta diferencia de opiniones públicamente expresadas y motivadas, y no deben ser objeto de persecución ni ameritar procedimientos administrativos o penales, como originalmente se pretendía”.
Calificó la acción del órgano de control como “injustificada” y contraria al espíritu democrático que el INE está obligado a proteger.
