Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La jueza federal Nora Victoria Bonilla Marín ordenó devolver la patria potestad a Gabriela Bujanos Salazar, señalando violación grave a derechos humanos e interés superior de la niñez en Tamaulipas.
La resolución incluye suspensión definitiva y notificación inmediata a la jueza Roxana Ibarra Canul, titular del Juzgado Tercero Familiar, para ejecutar la entrega.
El padre de la menor, Alejandro Ávila Limas, fue informado junto a los sistemas DIF de Tampico y Madero, debiendo aplicarse protocolo libre de violencia.
El fallo establece que la restitución debe garantizar la integridad física, emocional y moral de la menor durante todo el procedimiento judicial.
Bonilla Marín recordó que todas las autoridades están obligadas a adoptar medidas preventivas y proteger a niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales.
Precisó que las juezas y jueces cuentan con facultades excepcionales para aplicar principios procesales compatibles con el interés superior de la infancia.
La decisión también obliga a las instancias de protección a acompañar la restitución, asegurando un proceso vigilado y conforme a derechos humanos.
El caso se origina en el operativo del 29 de agosto, cuando Ávila irrumpió con policías y personal judicial en un domicilio.
Esa acción se realizó sin supervisión del DIF, confirmó la delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Antonia de Jesús Cuervo.
La diputada Lucero Deosdady Martínez había solicitado investigar a la jueza Ibarra Canul, acusada de al menos seis irregularidades en juicios de custodia.
El presidente del Poder Judicial, Hernán De la Garza, confirmó que tres visitadores especiales revisan el caso ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
De la Garza advirtió irregularidades, pero aclaró que no habrá juicios adelantados y que la resolución final corresponde al Tribunal de Disciplina.
