La consejera del INE, Claudia Zavala, abrió un debate mayor al proponer voto obligatorio con consecuencias legales. Lo plantea como camino para acabar con el abstencionismo.
El problema es que bajo el argumento de “fortalecer la soberanía popular”, se corre el riesgo de imponer sanciones en lugar de generar verdadera participación.
No se trata solamente de llevar ciudadanos a las urnas a la fuerza, sino de preguntar por qué no confían en partidos ni en instituciones.
La propia Zavala reconoce que hoy votar es obligación constitucional, pero sin consecuencias jurídicas. Convertirlo en norma coercitiva transforma un derecho en deber impuesto.
América Latina tiene ejemplos: multas económicas, restricciones en trámites administrativos y sanciones indirectas. ¿Es ese el modelo democrático que México necesita copiar ahora?
Es cierto que el abstencionismo mina la legitimidad de gobiernos y congresos, pero no se combate con castigos, sino con credibilidad política y transparencia institucional.
El 60 por ciento votó en la presidencial, apenas el 13 por ciento en la judicial. Ese dato exhibe un divorcio profundo.
La democracia no se mide solo en números de participación, sino en confianza, en representación real y en calidad de decisiones públicas para la gente.
Imponer consecuencias por no votar puede ser un atajo autoritario disfrazado de civismo. Una democracia madura se sostiene con convencimiento, no con obligación.
Por eso, la propuesta de Zavala merece un debate serio. ¿Queremos más votos forzados o más confianza ciudadana en los procesos democráticos?
La renuncia al Estado de derecho
El 2 de octubre no se olvida. Pero tampoco se puede trivializar. Lo que ocurrió en la Ciudad de México durante la marcha conmemorativa es la muestra de que la memoria se ha distorsionado en manos de grupos lumpen que nada saben de lo que antecedió a la matanza de Tlatelolco en 1968.
Lo grave es que, mientras ellos saqueaban joyerías, farmacias y pequeños comercios en el Centro Histórico, el gobierno capitalino presumía que “no cayó en provocaciones”.
En realidad, lo que hizo fue permitir la violación flagrante al Estado de derecho. No contener a los violentos equivale a ser cómplice pasivo de la destrucción.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 94 policías resultaron heridos y hospitalizados, 78 ya fueron dados de alta, pero 16 siguen bajo observación, tres de ellos delicados. Policías que no hicieron otra cosa que tratar de contener la violencia, pagaron el costo de un Estado que se niega a ejercer su fuerza legítima.
El saldo económico es devastador. Medio centenar de negocios reportan pérdidas millonarias; solo los joyeros calculan más de 35 millones de pesos. Y peor: muchos no cuentan con seguro, porque ninguna aseguradora cubre oro en esas condiciones.
Los comerciantes tienen razón al hablar de crimen organizado, porque no fueron jóvenes manifestantes, sino grupos armados con herramientas para cortar candados y arrasar locales.
Gerardo López Becerra, del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, lo dijo con claridad: hay enojo. No solo de los dueños, también de trabajadores y familias que dependen de esos empleos. Y tienen razón: no se había registrado un ataque de esa magnitud en épocas recientes.
El gobierno de Claudia Sheinbaum podrá insistir en que no se usó la fuerza y que se evitó una tragedia, pero esa lectura es engañosa.
La paz social no se sostiene tolerando saqueos ni sacrificando policías. La autoridad tiene la obligación de proteger el derecho a manifestarse, sí, pero también los derechos de quienes trabajan y viven en la ciudad.
El 2 de octubre de 1968 el crimen fue la represión brutal contra estudiantes. El 2 de octubre de 2025 el crimen es la permisividad frente a vándalos que disfrazan de protesta lo que en realidad es un negocio violento.
La diferencia es clara: ayer la autoridad mató la protesta; hoy la autoridad permite que la protesta mate a una gran ciudad con efectos en el país y Tamaulipas no está exento.
