Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral trabaja en una estrategia de largo plazo para implementar el voto electrónico en el país, con un horizonte de desarrollo de 11 años que concluiría en 2036.
La iniciativa se encuentra en fase de análisis de viabilidad y planeación, y propone crear una plataforma tecnológica que cumpla con los principios rectores del organismo: certeza, legalidad e imparcialidad, además de garantizar seguridad, usabilidad y confianza ciudadana.
El plan contempla un desarrollo gradual con metas de corto, mediano y largo plazo. En su diseño participan áreas técnicas del INE, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Sin embargo, si en la próxima reforma electoral el Congreso ordena al instituto implementar el voto electrónico en territorio nacional en un plazo concreto, el calendario podría adelantarse sustancialmente.
Hoy, el INE sólo puede realizar programas piloto de voto electrónico, pues la Constitución no contempla aún esta modalidad, en territorio nacional.
En ese marco legal limitado, los proyectos iniciales se enfocarán en dos vertientes: ampliar el voto por internet de los mexicanos residentes en el extranjero y habilitar el uso de urnas electrónicas para programas de voto anticipado, especialmente en el caso de personas con discapacidad o movilidad reducida.
El documento de trabajo prevé evaluar distintos escenarios: voto presencial con urnas electrónicas, voto a distancia a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet (Sivei) y esquemas híbridos que combinen ambas modalidades.
Se analizarán aspectos técnicos, normativos, sociales, culturales y económicos, además de las mejores prácticas internacionales.
También se definirán modelos operativos, medidas de seguridad, mecanismos de monitoreo y planes de atención y soporte.
Los beneficios institucionales esperados son significativos: reducción de costos en instalación de casillas y materiales electorales, mayor agilidad en el conteo de votos, disminución de errores humanos y una interacción más eficiente entre el INE y la ciudadanía.
Para los votantes, los beneficios incluyen la eliminación de barreras geográficas, periodos más amplios para emitir el sufragio, reducción de tiempos de espera y de traslados, además de un impacto positivo en el medio ambiente al reducirse el uso de papel.
La estrategia de voto electrónico con horizonte 2025–2036 busca abarcar dos procesos presidenciales completos antes de su consolidación.
Para 2036, el INE espera contar con una evaluación integral que permita decidir su implementación definitiva o rediseñar la ruta.
No obstante, el futuro del voto electrónico dependerá de decisiones políticas.
Mientras no se realicen reformas constitucionales que autoricen formalmente su uso en territorio nacional, los avances quedarán limitados a ejercicios controlados y programas piloto.
Si el Congreso aprueba una modificación en los próximos años, el INE tendría que acelerar la ruta y enfrentar el reto de garantizar que el nuevo modelo se adopte sin impugnaciones ni dudas sobre su legalidad.
En este contexto, el debate sobre el voto electrónico en México no es solo técnico, sino también político.
Se trata de definir si el país quiere dar un salto hacia una mayor modernización y accesibilidad en el ejercicio democrático o mantener el modelo tradicional de boletas y urnas físicas, con todos sus costos y limitaciones.
