Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas, Gilberto Ávalos Martínez, advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso en la protección de derechos humanos y un riesgo para la justicia colectiva en México.
El abogado sostuvo que las modificaciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum podrían limitar las suspensiones urgentes y debilitar la capacidad de los ciudadanos para defenderse ante actos de autoridad.
“Estamos frente a una reforma que acota derechos y restringe los mecanismos de defensa. En lugar de fortalecer la justicia, la condiciona”, declaró Ávalos Martínez.
Entre los cambios más preocupantes —dijo— destacan las nuevas restricciones para promover juicios de amparo y la reducción de los casos en los que un juez puede conceder suspensiones provisionales, incluso ante bloqueos de cuentas bancarias u órdenes de aprehensión.
Uno de los puntos más polémicos, explicó, es la redefinición del interés legítimo, que ahora se limitaría únicamente a personas directamente afectadas, dejando fuera a organizaciones civiles, colectivos y víctimas indirectas.
“Esto cierra la puerta a quienes históricamente han defendido causas ambientales, de consumidores o de derechos humanos a través del amparo”, advirtió el jurista.
Desde su perspectiva, debió mantenerse la posibilidad de suspensiones por riesgo grave e irreparable, con criterios públicos y justificados que garantizaran equidad en los procesos judiciales.
Ávalos Martínez reconoció que el propósito formal de la iniciativa es agilizar los procedimientos judiciales, pero alertó que en la práctica podría incrementar la vulnerabilidad jurídica de los ciudadanos frente al poder público.
“El amparo ha sido el instrumento más eficaz para frenar abusos de autoridad. Restringirlo es debilitar la última línea de defensa del ciudadano”, sostuvo.
El representante de los abogados en Tamaulipas recordó que en 2024 ya se habían limitado las suspensiones generales, y que volver a reducirlas ahora dejaría a miles de personas sin protección inmediata ante violaciones de derechos.
Recalcó que las suspensiones son el único freno efectivo ante actos arbitrarios del Estado, y su eliminación parcial podría abrir un periodo de indefensión judicial sin precedentes.
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada por mayoría en el Senado el pasado 1 de octubre, y se encuentra ahora en fase de promulgación, en medio de críticas de organismos jurídicos y defensores de derechos humanos.
