Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El exsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto “G”, tiene prohibido salir del país mientras enfrenta acusaciones por uso ilícito de atribuciones y un presunto desvío de 32 millones de pesos.
La medida forma parte de las restricciones dictadas por un juez de control, quien también ordenó entregar su pasaporte y acudir periódicamente ante la autoridad, además de una fianza de 200 mil pesos.
La Fiscalía Anticorrupción acusa al exfuncionario de haber autorizado un contrato por adjudicación directa sin cumplir la Ley de Adquisiciones estatal.
Según la carpeta de investigación 385/2023, existen indicios de manejo irregular de recursos públicos y contratación de servicios sin sustento legal.
El Ministerio Público sostiene que dichas acciones vulneraron principios fundamentales de legalidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la administración estatal.
La audiencia de vinculación a proceso fue fijada para el 20 de octubre a las 8:00 horas, en la Sala C del Centro Integral de Justicia.
Será en esa diligencia donde el juez determine si el caso avanza a juicio formal o se desestima por falta de pruebas.
Las pesquisas iniciaron tras el proceso de entrega-recepción de diciembre de 2022, cuando se detectaron irregularidades superiores a 32 millones de pesos.
Entre las anomalías destacan contratos simulados por servicios profesionales, promoción, jardinería y comunicación que fueron pagados sin evidencia de ejecución.
También se detectaron irregularidades en el manejo del Fondo Tamaulipas, con recursos desviados a proyectos injustificados y créditos sin respaldo legal.
Dichas operaciones derivaron en una cartera vencida de más de 100 millones de pesos, con intereses moratorios que duplicaron esa cifra.
La investigación incluye además gastos excesivos en viajes internacionales, como un viaje a Italia con 200 mil pesos en viáticos pagados con recursos públicos.
El resultado de la audiencia será decisivo para saber si Carlos Alberto “G” enfrentará un proceso penal o logra evitarlo.
El caso se suma a una serie de procesos contra exfuncionarios panistas, como Rómulo Garza, actualmente preso en el penal de Victoria.
También figuran en la lista Mario Gómez Monroy, sentenciado a 19 años de prisión, y la excontralora y exadministradora financiera del gobierno anterior.
