Ciudad Victoria.– Para poner fin al uso abusivo de grúas y al arrastre innecesario de vehículos, la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reformará la Ley de Tránsito del Estado.
La propuesta busca prohibir que un automóvil sea remolcado si el propietario o conductor está presente o llega antes del traslado.
En esos casos, la autoridad deberá liberar la unidad sin cobrar maniobras o arrastre, y solo podrá aplicar la infracción correspondiente.
Deandar Robinson, explicó que el objetivo es poner alto a prácticas arbitrarias que se han vuelto frecuentes en distintos municipios, donde las grúas se niegan a bajar los vehículos aun con el dueño presente.
“Estas acciones”, dijo, “desvirtúan el fin original de la norma, que es liberar la vía pública, no castigar al conductor”.
Agregó: “La remoción debe ser la última medida, no un castigo automático ni una práctica recaudatoria”, subrayó la legisladora, al denunciar que muchos ciudadanos son víctimas de abusos pese a presentarse a tiempo para retirar sus autos.
La iniciativa también establece una excepción en casos donde el conductor no esté en condiciones de manejar, como cuando se detecta intoxicación con alcohol o sustancias mediante pruebas oficiales. En esos escenarios, el retiro del vehículo seguirá siendo procedente para proteger la seguridad vial.
Deandar recordó que el artículo 26 de la Ley de Tránsito contempla el retiro de vehículos que obstruyan la vía, pero su aplicación se ha distorsionado con interpretaciones discrecionales y convenios de servicio, provocando indignación social y desconfianza hacia las autoridades de tránsito.
Casos recientes en diversas ciudades del estado —incluso con personas con discapacidad afectadas por el arrastre— evidencian la urgencia de devolver proporcionalidad y humanidad a la actuación de las autoridades viales.
“Esta reforma no elimina la potestad sancionadora del Estado. Al contrario, garantiza que la ley se aplique con criterio, proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos”, sostuvo.
La propuesta también busca fortalecer la transparencia, reducir la discrecionalidad con que operan las grúas y eliminar incentivos para la corrupción. Al establecer reglas claras, añadió, se mejora la confianza ciudadana en las instituciones.
Con esta reforma, el Congreso pretende restablecer el equilibrio entre autoridad y ciudadanía, evitar abusos y garantizar que el tránsito cumpla su función: ordenar la vía pública sin atropellar derechos.
“La ley debe servir a las personas, no convertirse en un instrumento de abuso”, concluyó la legisladora.
