Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los maestros y el personal de educación en las instituciones educativas tendrán una protección adicional en las leyes en caso de ser agredidos dentro o fuera de sus centros de trabajo.
El objetivo, expone Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, es proteger la integridad física, psicológica y moral del personal docente en Tamaulipas, mediante reformas constitucionales y penales que garanticen su seguridad frente a actos de violencia, amenazas o difamación.
“Proteger a nuestros maestros es proteger el futuro del país. Ningún docente debe tener miedo de enseñar”, expuso la diputada morenista.
La propuesta establece que el Estado deberá garantizar mecanismos de defensa legal eficaces y oportunos para maestras, maestros y personal de apoyo educativo, así como medidas de prevención, atención y protección en caso de agresiones derivadas del ejercicio de su labor.
En el ámbito penal, se plantea aumentar hasta en una mitad las penas mínimas y máximas para delitos como lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación cuando sean cometidos contra docentes o personal escolar durante el desempeño de sus funciones.
De acuerdo con la legisladora, esta reforma busca poner un alto al acoso, la violencia y las agresiones que en los últimos años han afectado al magisterio, muchas de ellas provenientes de padres de familia, alumnos o incluso autoridades escolares.
“Los maestros enfrentan cada vez más riesgos en su trabajo. Debemos protegerlos, no sólo con discursos, sino con leyes que se cumplan”, expresó la Anzaldúa Nájera al presentar su iniciativa ante el Pleno.
La diputada de Morena, explicó que la propuesta también crea obligaciones para las autoridades educativas y las familias, estableciendo protocolos de denuncia confidenciales, apoyo psicológico y defensa legal gratuita para docentes que sean víctimas de violencia o difamación.
Asimismo, contempla sanciones administrativas y penales para quienes agredan, injurien o calumnien al personal educativo, y responsabilidades para directivos o funcionarios que omitan atender las denuncias o proteger a las víctimas.
Anzaldúa Nájera subrayó que el objetivo es restaurar el respeto a la autoridad docente y garantizar un ambiente escolar seguro, donde prevalezca la cultura de paz, la legalidad y la dignidad profesional de los maestros.
La iniciativa propone además armonizar la legislación estatal con los criterios internacionales de la UNESCO y la ONU, que reconocen la seguridad del personal educativo como condición esencial para garantizar el derecho a la educación.
