A partir de hoy expira el plazo de 60 días establecido por la Resolución sobre Poderes de Guerra para que la administración del presidente Donald Trump pueda mantener su ofensiva militar contra el tráfico de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.
La Resolución sobre Poderes de Guerra, ley de 1973, exige que el presidente de Estados Unidos y su administración obtengan la aprobación del Congreso para cualquier acción militar que supere los 60 días y que implique el despliegue de tropas en “zonas de hostilidades”.
El plazo comienza a correr desde el momento en que el presidente notifica al Congreso sobre un ataque. En el caso de Trump, esto ocurrió el pasado 4 de septiembre.
Sin embargo, el uso que hace la legislación estadunidense del término “hostilidades” ha sido bastante ambiguo y utilizado por presidentes para contrarrestar al Congreso.
El jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, Thomas Elliot Gaiser, explicó al Congreso que la situación constituye un “conflicto armado formal”, pero no “hostilidades”, por lo que no está sujeta a esa ley, informó CNN.
Esta postura se basa en el precedente establecido por el expresidente Barack Obama, para justificar la guerra aérea de la OTAN sobre Libia en 2011.
La operación consiste, además, en ataques realizados por aeronaves no tripuladas desde buques a grandes distancias como para poner en peligro al personal estadunidense, explicó un funcionario anónimo de la Casa Blanca a medios.
Estados Unidos ha desplegado barcos destructores en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una gran fuerza militar que la Casa Blanca alega es para frenar el tráfico de drogas.
Más de 10 ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de 64 personas en dos meses, lo que genera críticas a la administración Trump, que argumenta una lucha contra cárteles “terroristas”.
Un ataque a una embarcación en el Caribe mató a tres personas el pasado sábado, informó el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, en el último de estos bombardeos en aguas internacionales.
La administración Trump aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o representaran una amenaza para el país.
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo el pasado viernes que estas personas fueron asesinadas “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional” e instó a detener estas “ejecuciones extrajudiciales”.
