Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso del Estado aprobó exhortar a la Fiscalía General de la República para investigar al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presuntos delitos federales relacionados con corrupción, abuso de poder y atribuciones que competen a la federación en temas fiscales.
Se trata de delitos a través de un sistema que le dio ‘atribuciones fiscales’ para hacer decomisos en la frontera, asegura legislador
Con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la propuesta presentada por el diputado morenista Humberto Prieto Herrera fue avalada como urgente y obvia resolución.
El punto de acuerdo solicita a la FGR iniciar una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones y encubrimiento de delitos fiscales.
Prieto Herrera, sostuvo que, durante la administración panista, se creó un “SAT estatal ilegal” que operó con facultades exclusivas del gobierno federal, violando la Ley de Coordinación Fiscal.
Explicó que el llamado “SAT pirata azul” (SATET) funcionó entre 2020 y 2021 como una herramienta política de presión, extorsión y persecución económica.
“Se utilizó una estructura falsa para embargar mercancías y combustible, generando recursos de origen incierto”, afirmó el coordinador de Morena.
De acuerdo con el legislador, dichos operativos se realizaron sin sustento legal, invadiendo zonas aduanales y carreteras federales para aparentar verificaciones fiscales que terminaron en el decomiso de pipas con combustible.
El Congreso coincidió en que estas acciones pudieron constituir delitos de contrabando, lavado de dinero y uso ilícito de facultades, cometidos desde el Ejecutivo estatal.
La resolución aprobada ordena remitir el punto de acuerdo a la Fiscalía General de la República, para el inicio formal de una carpeta de investigación.
Asimismo, el exhorto incluye a otros exfuncionarios estatales que hayan participado en la estructura o los operativos ilegales del denominado SAT estatal.
El documento aprobado aclara que la intención del Congreso no es política, sino jurídica, en defensa del orden institucional y la legalidad.
“Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un exgobernador”, enfatizó Prieto Herrera desde tribuna, al presentar su propuesta ante el Pleno.
La iniciativa, afirmó, busca restablecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas y evitar que se repitan prácticas de abuso de autoridad.
Con esta decisión, el Congreso de Tamaulipas marca un precedente en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción política.
