Ciudad de México.- El operativo Caudal contra el robo y la comercialización ilegal de agua permitió intervenir más de 180 inmuebles y asegurar 30 mil pipas utilizadas presuntamente para el robo y la distribución irregular de agua, destacó Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).
Afirmó que el Estado de México y Nuevo León son las dos únicas entidades que contemplan agravantes por extraer y suministrar agua de manera ilegal.
La funcionaria estatal, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, expresó que “todos los puntos intervenidos cuentan con carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía estatal”.
El propósito de estos operativos no es afectar a quien de manera digna trabaja, sino lograr la regulación y legalización de la distribución del agua”, afirmó.
Según García Villegas, el operativo tiene su origen en reformas legales aprobadas en 2022, los cuales establecen sanciones penales para quienes comercialicen agua sin concesión: “Estas mafias operaban sin cumplir con los requisitos de extracción e incluso con posibles casos de sobreexplotación de pozos”, explicó.
La funcionaria detalló que la mayoría de los puntos intervenidos pertenecen a particulares, aunque algunos casos están ligados a pozos comunitarios operados por asociaciones civiles. En esos casos, señaló, “se están liberando catorce pozos comunitarios con el firme objetivo de que el agua se destine únicamente a las comunidades y no se comercialice, bajo supervisión de los municipios, la Conagua y la Fiscalía”.
La vocal ejecutiva reveló también los sobreprecios con que operaban los traficantes de agua: “En Ecatepec se detectaron incrementos de hasta 60% sobre el costo normal; en Cuautitlán Izcalli, un 41%; y en Tlalnepantla, un 32 por ciento”.
Añadió que buena parte del agua robada no se queda en territorio mexiquense, sino que se desvía hacia la Ciudad de México.
García Villegas informó que el operativo sigue activo y actualmente se desarrollan mesas de trabajo con 48 municipios para evitar afectaciones en el suministro de agua.
Estamos revisando que ninguna comunidad resulte perjudicada y elaborando un padrón de empresas y clínicas con fuentes legales de agua, para garantizar que su distribución sea transparente y esté debidamente regulada”, concluyó.
