La Fiscalía General de la República confirmó que continúa vigente la orden de captura contra Ney González y mantiene abierta la investigación contra Roberto Sandoval.
Cristina Reséndiz Durruti informó que ambas órdenes fueron requeridas desde 2023 dentro del expediente iniciado tras denuncias del Fideicomiso Bahía de Banderas.
Las autoridades federales detectaron presuntas operaciones simuladas relacionadas con ventas irregulares de terrenos turísticos en Bahía de Banderas y Compostela.
La indagatoria señala que durante el gobierno de Ney González operó un esquema de desincorporación ilegal de tierras pertenecientes al fideicomiso estatal.
Según la FGR, varios predios fueron vendidos mediante contratos falsos y fideicomisos paralelos a precios muy inferiores al valor comercial establecido.
La fiscal detalló que desde el año pasado existe solicitud de captura y ficha roja de Interpol contra González por diversos delitos patrimoniales.
Durante la conferencia encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro, autoridades federales reiteraron que el denominado “Mega Operativo Nayarit” sigue en marcha.
Funcionarios estatales enfatizaron la recuperación de nueve punto seis millones de metros cuadrados en zonas turísticas con alto valor inmobiliario.
Respecto a Roberto Sandoval, la FGR indicó que la investigación continúa, aunque todavía no existe orden de aprehensión federal relacionada con este caso.
Sandoval permanece preso desde 2021 en el penal de El Rincón, sentenciado por lavado de dinero y falsificación de documentos vinculados a bienes públicos.
Si su sentencia es confirmada, podría recuperar su libertad en 2028; sin embargo, aún enfrenta procesos locales y una investigación federal por operaciones ilícitas.
Como parte del caso, la FGR bloqueó trescientas cincuenta y nueve cuentas presuntamente ligadas a exfuncionarios, empresarios y familiares cercanos.
El expediente es considerado uno de los mayores esquemas de corrupción inmobiliaria, documentando ventas sistemáticas de tierras públicas mediante diversos artificios legales.
Pese a los avances, la FGR no anunció nuevas acciones judiciales y únicamente reafirmó que las investigaciones continúan activas.
Autoridades estatales sostienen que las resoluciones logradas representan decisiones definitivas que no pueden ser impugnadas mediante recursos legales.
Según Petronilo Díaz Ponce, la recuperación de nueve punto siete millones de metros cuadrados queda firme gracias a la figura de nulidad absoluta.
No obstante, personas afectadas cuestionan esa postura, alegando que aún existen litigios activos y familias que adquirieron terrenos aparentemente de buena fe.
También reclaman que el gobierno estatal no ha aclarado si sus casos fueron incluidos y qué mecanismos habrá para resarcir los daños económicos.
