Ciudad Victoria.– El Congreso de Tamaulipas turnó a comisiones la iniciativa presentada por la diputada Marina Edith Ramírez Andrade, del PAN, que busca garantizar un espacio educativo digno para niñas y niños de la comunidad de La Media Luna, en San Fernando. La propuesta involucra a autoridades federales, estatales y municipales para resolver la falta de infraestructura escolar que enfrenta la zona.
La legisladora solicitó exhortar a la SEP, SET, ITIFE, CONAFE y al Ayuntamiento de San Fernando para que verifiquen la situación jurídica del predio donde operó la escuela “General Vicente Guerrero”, hoy abandonada y en ruinas, y definan si puede rehabilitarse o debe asignarse un terreno nuevo para construir un aula adecuada.
Actualmente, alrededor de diez niñas y niños toman clases en una estructura improvisada con láminas y madera, vulnerable a las lluvias, el frío y el lodo. Las familias han denunciado que el aula provisional carece de condiciones mínimas de seguridad, higiene y confort, afectando de manera directa su aprendizaje y bienestar.
Padres de familia han documentado que existe un antiguo plantel federal inutilizado desde hace más de dos décadas, con techos colapsados y muros expuestos. Sin embargo, la indefinición jurídica del predio impide que las autoridades intervengan o que la comunidad construya un aula formal por cuenta propia.
La diputada señaló que incluso el Ayuntamiento de San Fernando negó la asignación de un terreno alterno, lo que dejó a la comunidad sin opciones y obligó a mantener clases en condiciones precarias, pese al riesgo para la integridad física de la niñez.
La iniciativa sostiene que la SET debe verificar la propiedad del terreno y gestionar su regularización; el ITIFE evaluar el estado estructural del plantel; y la SEP y CONAFE confirmar la titularidad federal o reasignar el predio para uso educativo. El Ayuntamiento, por su parte, debe facilitar información catastral y ofrecer alternativas viables.
El documento subraya que el interés superior de la niñez obliga a atender de forma urgente el caso, evitando que menores continúen estudiando en espacios riesgosos e indignos. La comunidad ha mostrado disposición para apoyar la construcción del aula, pero requiere acompañamiento institucional para garantizar certeza y seguridad.
La iniciativa concluye que ninguna niña o niño debe estudiar en instalaciones improvisadas, y exige una intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar el derecho constitucional a una educación digna en La Media Luna.
