Ciudad Victoria.– El PRI propuso desde el Congreso del Estado, crear la primera Ley de Duelo en Tamaulipas a la que se sumaron los diferentes grupos parlamentarios.
La propuesta reconoce el duelo como un proceso humano que requiere acompañamiento institucional, respeto social y apoyo integral en momentos de pérdida.
La diputada priista Mercedes del Carmen Guillén, explicó que el Estado nunca ha contado con un marco que brinde respaldo emocional y psicológico a personas que atraviesan pérdidas profundas.
La iniciativa busca garantizar que cada tamaulipeco tenga derecho a vivir un duelo digno, acompañado y sin estigmas ni presiones laborales inmediatas.
Plantea que hospitales, escuelas y centros laborales desarrollen protocolos sensibles que atiendan con empatía situaciones relacionadas con fallecimientos o pérdidas significativas.
Establece también el derecho a recibir apoyo psicológico gratuito en instituciones públicas y orientación sobre redes de ayuda comunitaria disponibles.
La legisladora subrayó que la negación institucional agrava el sufrimiento y puede derivar en crisis emocionales prevenibles mediante atención oportuna y humana.
La Ley propone que los centros de trabajo implementen licencias breves y flexibilidades laborales para acompañar dignamente el proceso de duelo.
Incluye además acciones educativas para que escuelas promuevan comprensión, sensibilidad y apoyo hacia niñas, niños y adolescentes en situaciones de pérdida.
La Secretaría de Salud deberá integrar el tema del duelo en sus programas de salud mental y garantizar atención gratuita y accesible para la población.
El DIF Estatal y los sistemas municipales deberán crear grupos comunitarios de acompañamiento y espacios de memoria que fortalezcan la cultura de paz.
La Ley prohíbe cualquier acto de discriminación contra personas que manifiesten emociones propias del duelo, protegiendo su derecho a expresarlo libremente.
Guillén afirmó que la propuesta coloca a Tamaulipas a la vanguardia nacional, al reconocer que la empatía también debe convertirse en política pública.
De aprobarse, el Estado tendría seis meses para ajustar protocolos internos y crear reglamentos que garanticen la aplicación efectiva de esta nueva legislación.
