Ciudad de México.- Comisiones unidas del Senado aprobaron anoche, con 33 votos unánimes, la nueva ley contra la extorsión, que además de castigar hasta con 42 años de cárcel a los delincuentes, establece un plazo perentorio de 180 días para que las autoridades de los centros de reclusión anulen los equipos de telefonía y de todo tipo de comunicación que posean los reos e incluso les retiren los equipos.
“Los centros penitenciarios tendrán 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen a que se refiere el artículo 38 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dice el régimen transitorio de la nueva ley.
El artículo 38 establece que “los centros penitenciarios deberán establecer, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos y las tecnologías correspondientes para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen, dentro de su perímetro.
“El incumplimiento del presente artículo se considerará como una falta grave en materia de responsabilidades administrativas, con independencia del delito en que pudiera incurrir”, ordena.
Además, la nueva ley advierte que “las personas directoras de los centros penitenciarios, federales y de las entidades federativas, de acuerdo con sus atribuciones y facultades, deben tomar las medidas necesarias a fin de que las personas sentenciadas por el delito de extorsión, no tengan acceso a medios digitales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras”.
De igual manera, precisa en el artículo 24 que a la pena de 15 a 25 años de prisión que implica el delito de extorsión, se le sumarán de tres a cinco años; es decir, una pena de hasta 30 años de prisión, “a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos previstos en este ordenamiento”.
Este nuevo instrumento jurídico contra la extorsión dispone que “la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, por lo que se impondrá a todo imputado cuando se dicte en su contra sentencia de condena”.
Añade que “los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión previstos en esta Ley, serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas de dicho ilícito”.
Ayer, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, explicó que, luego del análisis entre senadores y autoridades, se realizaron cambios a 15 artículos que fueron avalaron por la Cámara de Diputados.
Las senadoras de oposición, Alejandra Barrales, de MC; Carolina Viggiano, del PRI, y Guadalupe Murguía, del PAN, fueron las encargadas de anunciar que, una vez valorados los cambios hechos a la minuta, sus fuerzas políticas votaban en favor.
“Vemos positivos estos cambios y confiamos que con estas adecuaciones, pues vamos a poder atemperar y dar una respuesta a este delito que hoy está afectando tanto a los mexicanos”, dijo Barrales.
Por parte de las bancadas oficialistas, Lizbeth Sánchez, del PT; Luis Alfonso Silva, del Verde y Nora Ruvalcaba, de Morena, anunciaron su respaldo absoluto al dictamen.
Hoy, el pleno del Senado aprobará la nueva ley y la devolverá a Cámara de Diputados, que se allanará a los cambios hechos, según anticipó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
Acotan tecnología
Los centros penitenciarios deberán establecer procedimientos para la inhibición de entrada y salida de:
Llamadas de telefonía celular.
Radiocomunicación.
Transmisión de voz, datos o imagen.
Hasta 30 años de prisión a autoridades penitenciarias permisivas u omisas.
Deberán impedir el acceso a medios como celulares tablets y computadoras.
El incumplimiento será considerado como falta grave administrativa.
