Desde el Congreso del Estado, las voces panistas de Tampico encendieron una alerta seria sobre el proyecto para construir un hotel dentro del parque de la Laguna del Carpintero, un predio que Pemex donó al municipio en 1991 y cuyo uso hoy vuelve a colocarse bajo la lupa pública.
Los diputados Pepe Schekaiban Ongay y María del Rosario González Flores reconocen que una inversión hotelera de talla internacional generaría plusvalía, impulsaría el turismo y fortalecería la modernización que Tampico viene construyendo desde hace años.
Ambos legisladores admiten que un hotel cercano a la Expo o a la Feria resolvería la necesidad de hospedaje inmediato para visitantes, generando derrama económica y ampliando la oferta turística del puerto jaibo.
Sin embargo, advierten que ningún proyecto, por más millonario o atractivo que sea, debe edificarse sobre un acto irregular, una violación a la ley o un riesgo ambiental para el manglar protegido de la Laguna.
Insisten en que lo peor que podría ocurrir es permitir un avance fuera de la legalidad, especialmente si alguna autoridad municipal decidiera pasar por alto facultades o decisiones formales del Cabildo.
Schekaiban, subraya que el Congreso debe revisar a detalle el acto jurídico original mediante el cual Pemex, transfirió el predio al municipio, para determinar si la vocación del terreno autoriza inversiones privadas de este tipo.
Los legisladores panistas coinciden en que Tampico merece progreso, inversión y modernidad, pero advierten que ese futuro no puede construirse atropellando la legalidad, ignorando el ecosistema o comprometiendo un bien público que pertenece a todos.
De acuerdo a los archivos, en febrero de 1991, Petróleos Mexicanos transfirió al Ayuntamiento de Tampico un predio de ocho hectáreas en la Laguna del Carpintero, condicionado expresamente a ampliar el Parque Recreativo Cultural para impulsar el desarrollo social de la comunidad jaiba.
Un año después, el 30 de septiembre de 1992, Pemex volvió a donar otro terreno de poco más de ocho hectáreas junto a la misma laguna, estableciendo nuevamente que su destino debía ser exclusivamente obras públicas y proyectos de beneficio local.
El 12 de enero de 2001, el Gobierno Federal —a través de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo— entregó gratuitamente cuatro fracciones adicionales que sumaban más de setenta hectáreas ganadas a la laguna, todas sujetas al proyecto integral Laguna del Carpintero.
En octubre de 2005, durante la sesión 762 del Consejo de Administración de Pemex, se autorizó modificar el destino original de esos terrenos para evitar futuros abusos o intentos de apropiación indebida por parte de autoridades estatales.
El acuerdo fue claro: si los predios se utilizaban para un fin distinto al estipulado, la donación se revertiría automáticamente y el municipio perdería la propiedad, incluyendo cualquier obra construida sobre ellos.
Este candado legal impuesto por Pemex buscó proteger el patrimonio público frente a tentaciones de privatización disfrazada, frenando intereses políticos que podrían surgir con cada cambio de sexenio.
