Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La reciente actualización de la legislación mexicana en materia de extorsión endurece penas y establece la persecución de oficio, con el objetivo de proteger a todas las víctimas, incluidos los connacionales que retornan al país.
Uno de los cambios centrales es que el delito de extorsión —incluida la que afecta a paisanos— ahora podrá investigarse sin denuncia formal, reconociendo que muchas víctimas callan por temor a represalias o mayores afectaciones.
El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Sergio Ojeda Castillo, recordó que en años pasados elementos de seguridad federal incurrieron en abusos contra connacionales, deteniendo vehículos para revisiones arbitrarias, imponiendo multas injustificadas y amenazando con el decomiso de mercancías.
“Ante ese escenario, muchos paisanos aceptaban pagar sobornos de hasta mil dólares para poder continuar su trayecto; era una práctica común hace apenas algunos años”, señaló el legislador.
Hoy, afirmó, las quejas por extorsión han disminuido de manera notable en los puentes internacionales de Nuevo Laredo, donde además de módulos de orientación se mantiene un esquema de vigilancia continua hasta los límites con Nuevo León.
Ojeda Castillo destacó que en los próximos días comenzará el arribo masivo de connacionales por Reynosa, Matamoros y, principalmente, por Nuevo Laredo, donde se espera el ingreso de cerca de 400 mil paisanos durante esta temporada.
Explicó que la mayor parte viajará en caravanas, por lo que se desplegará vigilancia desde el Puente Internacional Número Dos hasta los límites con Nuevo León, esperando que las autoridades de ese estado mantengan el mismo esfuerzo de acompañamiento.
“Afortunadamente no hemos recibido quejas relevantes, y confiamos en que no las habrá, porque las mesas de seguridad están funcionando. Puede surgir algún caso aislado, pero esperamos que sean mínimos”, subrayó.
El legislador confirmó que, como cada fin de año, se implementará un operativo conjunto con corporaciones federales, estatales y municipales para garantizar un ingreso, trayecto y retorno seguro de los más de 400 mil connacionales que cruzarán por Tamaulipas.
“Y cualquier paisano que sufra abuso o extorsión por parte de un servidor público tendrá módulos disponibles para denunciar, y se sancionará conforme marca la ley”, concluyó.
