Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir de 2026, los más de 300 Notarios Públicos deberán portar una credencial obligatoria para identificarse plenamente cuando realicen actos de fe fuera de sus oficinas, especialmente durante notificaciones y certificaciones diversas.
Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios, explicó que este documento permitirá una identificación inmediata en trámites legales y en otras actividades esenciales vinculadas con el ejercicio notarial en todo el estado.
Padilla subrayó que la medida busca frenar prácticas como la usurpación de identidad y la doble venta de inmuebles, delitos que han causado severos daños a numerosas familias tamaulipecas durante los últimos años.
Tras las reformas recientes a la Ley del Notariado Público, todos los fedatarios están obligados a incorporarse al programa de credencialización, el cual reporta un avance superior al 95 por ciento en todo el territorio estatal.
El dirigente precisó que dichas credenciales y las hojas de testimonio incorporarán candados de seguridad avanzados, con el propósito de impedir falsificaciones y proteger la validez de la documentación emitida diariamente.
Indicó que esta estrategia no solo fortalece la seguridad jurídica del trabajo notarial, sino que también brinda mayor protección a los ciudadanos que acuden a estos servicios para validar operaciones importantes.
El programa de credencialización forma parte de un esfuerzo integral para entregar mejores herramientas a los notarios, fortaleciendo la seguridad en los despachos y garantizando condiciones adecuadas para quienes laboran en ellos.
Padilla respaldó además la reciente propuesta de reforzar la Ley del Notariado, presentada en septiembre, cuyo propósito central es prevenir actos fraudulentos y consolidar una mayor certeza jurídica en los procesos notariales.
La iniciativa contempla incorporar datos biométricos, como huellas digitales y reconocimiento facial, para autenticar de manera precisa la identidad de las personas que realizan trámites ante los fedatarios.
El proyecto impulsado por la legisladora Lucero Deosdady Martínez también plantea sanciones más severas para quienes incumplan la norma, incluyendo multas de hasta 500 UMA, equivalentes a más de 50 mil pesos.
Padilla advirtió que aún existen vacíos legales que han facilitado prácticas de colusión entre ciertos fedatarios y redes dedicadas al fraude, lo que hace urgente el fortalecimiento del marco regulatorio vigente.
Recordó que uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2018, cuando siete notarios de Reynosa fueron acusados de falsificar documentos para operaciones inmobiliarias, aunque únicamente tres enfrentaron detención por estos hechos.
