Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en Tamaulipas, armonizada con disposiciones federales.
La nueva norma establece penas de quince a veinticinco años de prisión y multas de hasta quinientas UMAS, con incrementos por diversas agravantes específicas.
Entre los supuestos agravados destacan extorsiones contra comerciantes, empresarios, migrantes, menores, personas mayores, así como el uso de violencia, armas, datos privados o plataformas digitales.
La ley también castiga con mayor severidad a servidores públicos que participen, encubran, filtren información o permitan condiciones para la comisión de este delito.
Cuando la extorsión se realice desde penales, mediante telefonía celular o dispositivos electrónicos, se endurecen penas y se ordena bloquear equipos e inhibir señales.
El nuevo marco legal fue diseñado para armonizarse con la Ley General de Extorsión, publicada el 28 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
La norma distribuye competencias entre Federación, Estado y municipios, dejando claro que, sin concurrencia federal, la investigación corresponderá a autoridades locales tamaulipecas.
La Fiscalía General de Justicia deberá crear en 180 días una Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, con personal capacitado, evaluado y certificado.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá el mismo plazo para habilitar un Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, coordinado con instancias federales.
La ley ordena que todas las autoridades actúen con perspectiva de derechos humanos, género, interculturalidad y no revictimización, garantizando reparación integral del daño.
Las personas sentenciadas por extorsión no podrán acceder a beneficios de libertad anticipada, conmutación, sustitución de pena ni esquemas preliberacionales.
El nuevo ordenamiento también contempla delitos vinculados, como cooperación ilícita, filtración de información, introducción de dispositivos electrónicos a cárceles y omisión de denuncia por servidores públicos.
Finalmente, la Estrategia Estatal de Prevención deberá incluir campañas de información, asesoría inmediata a víctimas y mecanismos de participación ciudadana para inhibir este delito creciente.
