La tragedia ocurrida el pasado lunes en la colonia Revolución Verde no es una nota roja más. Es una sacudida moral que obliga a detenernos, a mirar de frente una realidad incómoda y, sobre todo, a asumir responsabilidades colectivas.
Una bebé de apenas un año y un mes perdió la vida tras ser atacada por una perra de raza pitbull, llamada Luna, que formaba parte del entorno familiar donde se encontraba la menor. Murió una hora después de ingresar al Hospital General. El daño ya era irreversible.
La niña había llegado a Ciudad Victoria apenas dos semanas antes. Sus padres, buscando una oportunidad laboral, se instalaron en la casa de la abuela. Nadie imaginó que ese hogar sería escenario de una tragedia irreparable.
No hay explicación lógica ni consuelo posible. No existe razón que justifique que un animal doméstico ataque con tal violencia a una criatura indefensa. Lo único claro es el desenlace fatal.
Pero más allá del dolor inmediato, esta historia obliga a una reflexión profunda: ¿qué estamos haciendo mal como sociedad cuando normalizamos la convivencia entre bebés y perros de alta peligrosidad?
Durante años se ha romantizado la tenencia de razas conocidas por su fuerza, potencia mandibular y reacciones instintivas de ataque. Se les llama “mascotas”, se les viste, se les humaniza, se les justifica.
Se repite hasta el cansancio que “todo depende de la crianza”. La realidad, sin embargo, demuestra que el instinto no se educa ni se desactiva con cariño o buenas intenciones.
Un pitbull, un rottweiler, una fila brasileña o cualquier mastín no es un perro común. Son animales de guarda, de control, de reacción. Su naturaleza no es compatible con espacios familiares donde hay niños.
Tenerlos dentro de casas habitadas por menores no es valentía ni amor por los animales. Es una irresponsabilidad mayúscula.
Y lo más grave: no es un hecho aislado. Esta es la segunda tragedia similar registrada en Tamaulipas en lo que va del año. Hace apenas unos meses, en Matamoros, un bebé también perdió la vida tras ser atacado por perros.
¿Cuántas muertes más son necesarias para reaccionar?
La prevención no puede seguir siendo un tema secundario. No basta con lamentar, ofrecer condolencias o esperar a que el caso se diluya en el ciclo informativo.
Aquí hay una omisión evidente de las autoridades municipales y estatales, que han preferido mirar hacia otro lado frente a un problema que ya cobró vidas.
Es momento de hablar de regulación, sin rodeos ni correcciones políticas. De hablar de límites claros.
En países como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas, la presencia de ciertas razas en domicilios particulares está restringida o directamente prohibida. No es un capricho: es una política de seguridad pública.
Los ciudadanos lo saben. Y por eso esos animales no están presentes en casas con niños.
Tamaulipas necesita avanzar en ese mismo sentido. No mañana, no después. Ahora.
Desde el Congreso del Estado debería impulsarse una reforma legal que limite, regule o prohíba la tenencia de perros de alta peligrosidad en viviendas familiares.
No se trata de criminalizar animales, sino de asumir que hay riesgos que no deben tolerarse cuando está en juego la vida humana.
También corresponde a los ayuntamientos diseñar estrategias de control, registro, vigilancia y concientización. No basta con campañas tibias ni reglamentos que nadie aplica.
La vida de una niña vale infinitamente más que cualquier argumento sentimental.
Esta tragedia pudo evitarse. Y eso es lo más doloroso.
Si después de dos muertes infantiles seguimos sin actuar, entonces el problema ya no será el perro, sino nuestra incapacidad para aprender.
Que la muerte de esta bebé no quede sepultada bajo la indiferencia. Que sirva, al menos, para impedir que otra familia vuelva a vivir el mismo infierno.
Porque cuando la imprudencia mata, el silencio también se vuelve cómplice.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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El instinto no se educa
