San Diego.- Tropas regulares estadunidenses, con poderes ampliados, vigilan desde hace nueve meses la frontera con México, como parte de una estrategia contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y contra la migración indocumentada.
Esto, debido a una orden ejecutiva del presidente Trump que autorizó que los efectivos en la frontera realicen detenciones de quienes ingresen en sus perímetros y puedan repeler ataques con armas.
Es la primera vez que una administración envía militares en activo y vehículos blindados a la frontera con México; los presidentes anteriores sólo habían ordenado despliegues de la Guardia Nacional –militares estatales bajo órdenes de gobernadores—para apoyar logísticamente a autoridades civiles fronterizas.
Tropas, con poderes ampliados; frontera EU-México
La administración del presidente Donald Trump ha desplegado en los últimos nueve meses tropas regulares con poderes ampliados en la frontera con México, como parte de una estrategia contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y contra la migración indocumentada.
Es la primera vez que una administración envía militares en activo y con vehículos blindados a la frontera con México; desde George Bush, los presidentes anteriores habían ordenado solamente despliegues de la Guardia Nacional –militares estatales bajo órdenes de gobernadores—para apoyar logísticamente a autoridades civiles fronterizas.
Una orden ejecutiva del presidente Trump asignó para varios tramos fronterizos tropas regulares con poderes ampliados.
Los militares han sido enviados a varios tramos fronterizos que en conjunto suman unos 500 de los 3,000 kilómetros de frontera con México.
El presidente dijo que puesto que el narcotráfico y la migración son riesgos para la seguridad nacional, los efectivos en la frontera pueden realizar detenciones de quienes ingresen en sus perímetros y están autorizados para repeler con armas ataques.
Esa autorización del presidente Trump otorga por primera vez a los militares en activo involucrarse en actividades que habían sido exclusivas de autoridades civiles, bajo la ley Acta Posse Comitatus.
Si un indocumentado es detenido en una de esas zonas fronterizas, enfrenta el agravante de violar un área militar y tiene una sentencia mínima adicional de unos seis meses de prisión antes de ser deportado; pero ahora no hay datos de sanciones con agravantes para traficantes de drogas arrestados en esas zonas.
