Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reforma a la Ley del IPSSET, para evitar su quiebra en 2030, fue una decisión respetuosa de derechos laborales, aseguró Luisa Eugenia Manautou Galván.
Reiteró que los cambios benefician a trabajadores estatales y magisterio, sin afectar derechos adquiridos, y buscan dar certidumbre al retiro y estabilidad financiera futura sostenible.
Desde 1984 el fondo operó sin cambios relevantes durante décadas, con cuotas fijas de 6 por ciento trabajadores y 10 por ciento gobierno estatal aportantes.
En 2015 llegó la primera reforma, creó edades mínimas de jubilación y elevó aportaciones a 10.5 por ciento trabajadores y 21.5 por ciento gubernamental total.
Manautou advirtió que dichas revisiones bianuales no se aplicaron el sexenio pasado, mientras la esperanza de vida creció y las aportaciones resultaron insuficientes para sostener.
Esta administración aumentó reservas líquidas 37 por ciento hasta 2028, pero asumió acciones estructurales para proteger derechos laborales a mediano y largo plazo sostenible.
La reforma amplía la base de cotización, incorporando despensa, quinquenio, compensación y gratificación, fortaleciendo ingresos futuros y la suficiencia del fondo para jubilaciones dignas sostenibles.
Se mantiene la aportación laboral en 10.5 por ciento, el Estado sube gradualmente a 27 por ciento, y la jubilación a 65 solo nuevos ingresos.
Con ello, la Ley del IPSSET asegura pensiones por más de 25 años, consolida sostenibilidad y protege a futuras generaciones de servidores públicos estatales tamaulipecos.
