Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa para castigar con hasta cinco años de prisión el internamiento forzoso en “anexos” o instituciones psiquiátricas.
La propuesta reforma el Código Penal y la Ley de Salud estatal, para exigir que todo internamiento sea voluntario, con consentimiento libre e informado, documentado y aplicado únicamente como último recurso terapéutico.
En la exposición de motivos, el PAN advierte que los “anexos” se multiplicaron como espacios de encierro irregular, donde personas son privadas de libertad sin garantías jurídicas.
Cita operativos de COEPRIS en 2025: alrededor de 40% de centros revisados presentaron irregularidades de documentación y se clausuraron cuatro establecimientos en Victoria y Reynosa.
El proyecto se apoya en un criterio de la Suprema Corte, que considera el internamiento forzoso sin consentimiento como un ataque a la libertad, equiparable a tratos crueles.
Con ello, se busca cerrar vacíos legales: hoy el Código Penal sanciona formas indirectas de privación de libertad, pero no tipifica expresamente el internamiento forzoso.
La iniciativa adiciona una fracción III al artículo 390, para castigar a quien interne sin consentimiento y fuera de supuestos excepcionales previstos en la normatividad.
Cuando exista violencia, engaño, abuso de autoridad o la víctima sea menor de edad, adulta mayor o con discapacidad, la pena se incrementará hasta en una mitad.
En paralelo, se reforma el artículo 43 de la Ley de Salud: internamientos solo voluntarios, por tiempo estrictamente necesario y en hospitales generales o pediátricos cercanos.
El texto prohíbe usar el internamiento para resolver conflictos familiares, sociales, laborales, de vivienda o cuidado, prácticas que han alimentado abusos y simulaciones.
Para niñas, niños y adolescentes, se priorizarán alternativas comunitarias; si hay justificación clínica, deberá recabarse su opinión y asentarse en historia clínica.
Se agrega el artículo 43 Bis para blindar el consentimiento informado: previo, expreso, en lenguaje comprensible y con información completa sobre objetivos, riesgos y alternativas.
Además, se presume la capacidad de discernimiento de todas las personas y se obliga a agotar apoyos necesarios para que la decisión sea voluntaria.
El consentimiento deberá quedar por escrito en el expediente clínico y será requisito indispensable, salvo supuestos excepcionales previstos en la Ley General de Salud.
Con esta reforma, el PAN plantea un mensaje político directo: el Estado no puede tolerar “tratamientos” que, en la práctica, se convierten en encierros arbitrarios.
La iniciativa busca armonizar la legislación local con el marco federal y trasladar al terreno penal una conducta que, sostienen, hoy se castiga tarde o no se castiga.
De aprobarse, los anexos y centros de atención tendrían que operar con reglas claras: voluntariedad, registro documental, supervisión sanitaria y respeto a derechos humanos.
