Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La periodista tamaulipeca Martha Olivia López Medellín presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La acusación sostiene que durante su administración, entre 2016 y 2022, se habría instaurado una política de Estado basada en el uso ilegítimo de la fuerza pública.
El escrito señala la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra población civil en distintas regiones de Tamaulipas.
La denuncia fue recibida formalmente en la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, y una copia fue entregada a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México.
En el documento se argumenta la responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma, al ostentar control efectivo sobre corporaciones señaladas como perpetradoras.
Se destaca el papel del CAIET y del Grupo de Operaciones Especiales, unidades que presuntamente operaron con órdenes directas o indirectas del Poder Ejecutivo estatal.
Según la querella, dichas corporaciones habrían ejecutado operativos de alto impacto, espionaje con tecnología invasiva y acciones que derivaron en violaciones graves a derechos humanos.
Entre los hechos documentados se incluye la masacre de 19 personas en Camargo, en enero de 2021, donde policías estatales habrían ejecutado y calcinado a migrantes.
También se mencionan ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo y el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez, cuyo vehículo recibió más de 240 impactos de bala en Río Bravo.
La denuncia expone omisiones graves en la protección de defensores de derechos humanos, como el asesinato de Miriam Rodríguez Martínez, pese a contar con medidas de seguridad oficiales.
Asimismo, se documentan desapariciones forzadas en Nuevo Laredo durante 2018, con presunto uso de vehículos oficiales y colaboración institucional con fuerzas federales.
Finalmente, la periodista solicitó a la CPI abrir una investigación formal, requerir cooperación del Estado mexicano y otorgar medidas de protección ante posibles represalias.
