Las remesas enviadas por los migrantes mexicanos experimentaron en 2025 un punto de inflexión tras once años de crecimiento ininterrumpido, lo que se tradujo en una caída cercana a 5% en el flujo total hacia México y un impacto aún más sentido en entidades con fuerte tradición migratoria como Tamaulipas.
A escala nacional, 2024 había cerrado con un máximo histórico de alrededor de 64.7 mil millones de dólares en remesas, pero el enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, la apreciación del peso frente al dólar y el endurecimiento de la política migratoria generaron una “corrección” en 2025 que se refleja en menos dólares enviados y en un menor rendimiento de cada dólar cambiado a pesos en los hogares receptores.
Para las familias, esto significa no solo que reciben menos recursos, sino que además esos recursos alcanzan para menos en términos reales, lo que presiona el consumo básico, el pago de deudas y las pequeñas inversiones productivas financiadas tradicionalmente con remesas.
En el caso de Tamaulipas, la tendencia nacional se manifestó de manera particularmente preocupante, pues el estado venía de al menos tres años de descensos acumulados en el flujo de remesas y perdió posiciones en el ranking nacional de captación.
Después de haber rebasado en 2024 el umbral de los 1,016 millones de dólares, diversos reportes indican que durante 2025 las remesas tamaulipecas habrían caído entre 4% y 4.5%, lo que equivale a una merma de aproximadamente 80 a 100 millones de dólares respecto al año previo.
Detrás de esta disminución pesan factores como la vulnerabilidad laboral de los migrantes tamaulipecos en sectores de baja protección, el aumento de controles migratorios y deportaciones en la frontera, así como el “superpeso” que reduce el incentivo a enviar cantidades crecientes de dólares cuando la moneda mexicana se mantiene apreciada.
El resultado es que municipios que dependen de estos flujos para sostener el comercio local y complementar ingresos agrícolas o de servicios empiezan a resentir menos circulante, menores ventas y una desaceleración de pequeños proyectos familiares que en años anteriores se financiaban con recursos del exterior.
Aunque el monto promedio por envío se ha mantenido relativamente estable, en un rango cercano a 396–403 dólares por operación, el número total de transacciones se ha ralentizado y varios meses de 2025 registraron variaciones negativas, encadenando hasta siete meses de caídas o crecimientos muy débiles a nivel nacional.
En el terreno social esto se traduce en recortes silenciosos: familias que reducen el gasto en salud, educación o vivienda, que posponen la compra de insumos para pequeños negocios o que recurren a crédito informal más caro para cubrir faltantes que antes se solventaban con remesas.
Para Tamaulipas, donde las remesas son un complemento clave al ingreso laboral en regiones con empleo precario o estacional, la caída de alrededor de 4.5% en 2025 obliga a replantear políticas públicas de apoyo a la población migrante y sus familias, desde estrategias de inclusión financiera hasta programas que faciliten que esas divisas se traduzcan en proyectos productivos más resilientes.
De cara a los próximos años, el desafío será evitar que este retroceso congele el papel contracíclico que las remesas han jugado para la economía familiar, y al mismo tiempo aprovechar la experiencia y el ahorro de la diáspora tamaulipeca para impulsar nuevas formas de inversión comunitaria y desarrollo local.
La caída de remesas en Tula, municipio con mayor dependientes de estos envíos, reduce el ingreso disponible de hogares que dependen de familiares en Estados Unidos, afectando consumo básico, salud y educación. También golpea al comercio local, que registra menores ventas y mayor morosidad. Se frenan pequeñas obras de vivienda y proyectos productivos familiares. Esto incrementa la vulnerabilidad social y puede incentivar mayor endeudamiento, migración adicional o inserción en empleos informales de baja remuneración.
