Ciudad de México. El juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, alias “El Presidente”, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, en perjuicio de dos aspirantes a la presidencia municipal en 2021.
La resolución judicial también alcanzó a dos funcionarios municipales señalados como probables cómplices. El proceso penal continuará bajo prisión preventiva y con un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante la continuación de la audiencia de imputación celebrada el 10 de febrero, el juez federal determinó reclasificar el delito como delincuencia organizada con fines de secuestro, incorporando el agravante de que los hechos habrían sido cometidos por servidores públicos en funciones.
El alcalde de Tequila, Diego “N”, fue detenido por la Fiscalía General de la República en su domicilio de la calle 5 de Mayo.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro es señalado por el secuestro del entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Las víctimas presuntamente fueron privadas de la libertad, golpeadas y torturadas con el objetivo de obligarlas a renunciar a sus aspiraciones políticas.
En el mismo proceso fueron vinculados: Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel “N”, director de Catastro Municipal (identificado también como director de Licencias en actuaciones judiciales). Ambos permanecerán privados de la libertad en el penal federal número 14, en Chiapas.
Prisión preventiva y reclusión en penales federales
El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Diego Rivera Navarro, quien permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, de máxima seguridad, mientras se desarrolla el proceso penal.
La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para que la FGR concluya la investigación complementaria, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las indagatorias federales también señalan que el alcalde estaría bajo investigación por presuntos esquemas de extorsión dirigidos a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco, así como por posibles vínculos con una célula delictiva con origen en la entidad, relacionada de manera probable con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estas líneas de investigación forman parte de carpetas adicionales en curso, según información ministerial presentada ante el juez.
No existe sentencia condenatoria
La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que establece que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. El caso reviste relevancia institucional debido a que involucra a un presidente municipal en funciones y a presuntos delitos de alto impacto, como el secuestro agravado y la delincuencia organizada.
El seguimiento del proceso estará a cargo de autoridades federales, dada la naturaleza de los delitos imputados.
