Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.— El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió inhabilitar al juez federal Juan Fernando Alvarado López por actuar de manera parcial e ilegal en favor del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La resolución, publicada ayer, deriva de una investigación que acreditó múltiples irregularidades en sus determinaciones judiciales.
De acuerdo con el expediente, el Tribunal concluyó que el juzgador otorgó suspensiones indebidas que, durante cuatro años, obstaculizaron la acción de la justicia y favorecieron directamente a Cabeza de Vaca, incurriendo en conductas contrarias al marco constitucional.
Desde 2022 se habían presentado más de 37 quejas contra jueces y magistrados federales con sede en Reynosa, señalados por presuntamente brindar protección judicial al exmandatario tamaulipeco mediante resoluciones cuestionadas.
La indagatoria tomó mayor relevancia durante el proceso electoral de 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó registrarse como diputado federal plurinominal por el PAN, buscando sortear requisitos constitucionales como acreditar residencia efectiva en territorio nacional y recuperar, por vías ilegales, sus derechos políticos.
Es público que el exgobernador abandonó el país desde septiembre de 2022; no obstante, promovió la obtención de una carta de residencia y, mediante resoluciones del juez inhabilitado, intentó obligar al Ayuntamiento de Reynosa a expedirle dicho documento.
Cabeza de Vaca enfrenta además dos órdenes de aprehensión por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que jurídicamente lo coloca fuera del ejercicio de sus derechos político-electorales.
Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su registro como candidato, el juez Alvarado López concedió una suspensión para que fuera inscrito, ignorando la determinación electoral e intentando modificar su condición jurídica.
El Tribunal de Disciplina determinó que el juez incurrió en faltas graves, entre ellas conceder una suspensión para impedir la remoción de Raúl Ramírez Castañeda como fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, pese a que no contaba con exámenes de control y confianza vigentes.
La resolución advierte que dicha medida vulneró el orden público y el interés social, al intervenir indebidamente en asuntos de naturaleza político-electoral que no son competencia de un juez de distrito.
El órgano disciplinario sostuvo que el juzgador violó los artículos 99 y 107 de la Constitución, ya que carecía de facultades para pronunciarse sobre derechos político-electorales, evidenciando falta de profesionalismo y apego a su investidura judicial.
El fallo también sostiene que las actuaciones del juez formaron parte de una estructura de complicidad que permitió al exgobernador evadir la acción de la justicia durante varios años.
En el documento se señala textualmente que “Cabeza de Vaca formó y financió una red de complicidad y corrupción para blindarse y evadirse de la acción de la justicia”, lo que fue considerado un elemento central en la determinación.
El Tribunal concluyó que las suspensiones concedidas por Alvarado López tenían como propósito frenar actuaciones de la Fiscalía General de la República y obstaculizar el trabajo de los jueces de control encargados de procesar los casos en su contra.
Por la gravedad de las conductas acreditadas, se determinó la inhabilitación del juez para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La decisión marca un precedente en materia de responsabilidad judicial y confirma que, durante años, operó una red de resoluciones que favorecieron al exgobernador tamaulipeco y que ahora comienza a ser desarticulada desde el máximo tribunal del país.
