Ciudad de México .- Trabajadores y exempleados de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP denunciaron que la gestión de Marx Arriaga Navarro estuvo marcada por presuntos moches y malos tratos sistemáticos hacia subordinados.
El 12 de enero pasado, la subdirectora de Desarrollo e Innovación para Educación Secundaria, Samantha Natalia Ríos Villanueva, presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la SEP denunciando presuntas extorsiones.
En el documento, en poder de EL UNIVERSAL, se acusa a Sady Arturo Loaiza Escalona de solicitar dinero a trabajadores por honorarios, acciones que, según el testimonio, eran del conocimiento de Arriaga Navarro.
Un trabajador declaró que Loaiza aseguraba contar con el visto bueno de la Dirección General, entonces encabezada por Arriaga, y que el dinero solicitado supuestamente se destinaba a pagar servicios y tareas internas.
Loaiza Escalona, quien colaboró en la elaboración de libros de texto gratuitos, fungía como director de Desarrollo e Innovación. Previamente dirigió la Biblioteca Nacional de Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro.
Ríos Villanueva relató que Loaiza comentó a ella y a María Luisa Luna Díaz que la Dirección General necesitaba recursos para proyectos y que podrían solicitarlos a personal contratado por honorarios.
A inicios de 2025, según la queja, Loaiza pidió “sondear” a compañeros para saber si podían aportar dinero, mencionando nombres específicos como César Gustavo Ramírez y Krystell del Carmen Azamar Pérez.
También se mencionó a Ximena Hernández Galván y David Baltazar Villavicencio, indicando que los depósitos solo se realizarían si Carolina Lizbeth Sosa Hurtado y Betsaida Zúñiga Hernández lo autorizaban.
EL UNIVERSAL obtuvo capturas de mensajes de WhatsApp donde trabajadores informaban sobre transferencias realizadas. En uno, Loaiza preguntó si ya habían enviado “el proyecto pendiente”, en alusión a depósitos.
Una cuenta receptora estaba registrada con el nombre falso “Rafael Rojas Jiménez” para depósitos en Banorte, número 4189 1400 7225 5580. Otra cuenta en Inbursa figuraba como “Édgar Carrillo González”.
Los mensajes muestran transferencias de hasta 38 mil pesos solicitadas a trabajadores por honorarios, bajo la promesa de gestionarles una plaza dentro de la dependencia federal.
En otra conversación, Loaiza reclamó que un colaborador “se hacía el wey” y expresó molestia no por el dinero, sino porque consideraba que intentaban “pasarse de listos”.
En intercambios adicionales se mencionó la necesidad de compromiso ideológico con la Nueva Escuela Mexicana, sugiriendo que el respaldo al proyecto educativo también era un criterio interno de evaluación.
Ríos Villanueva declaró que tras denunciar presuntos aviadores fue citada por Carolina Lizbeth Sosa Hurtado, quien le indicó solicitar la renuncia de un empleado señalado por pedir dinero.
El 10 de septiembre de 2025, Arriaga la citó y le pidió formalizar esa renuncia, argumentando que si el trabajador ya no estaba contratado evitaría problemas derivados de una investigación.
El 27 de octubre de 2025 volvió a llamarla para señalar que alguien la acusaba de pedir dinero. Ella respondió que no era cierto y exigió pruebas, percibiendo un tono intimidatorio.
Paralelamente, empleados denunciaron un ambiente de hostigamiento. El 25 de septiembre, Omar Guadarrama Enríquez pidió intervención ante la subsecretaría de Educación Básica por afectaciones a su salud laboral.
Guadarrama reconoció haber solicitado depósitos de salarios bajo indicaciones de Loaiza, asegurando que esas acciones eran conocidas y avaladas por Arriaga, Betsaida Zúñiga y Carolina Sosa.
Trabajadores sostienen que durante la gestión de Arriaga hubo más de treinta despidos injustificados y que quienes lo contradecían eran enviados a bodegas de la SEP fuera de la ciudad.
También lo describen como altanero y déspota, señalando que quien no compartía su postura ideológica era marginado y señalado como “neoliberal”, generando un clima laboral de temor constante.
