El régimen Talibán en Afganistán ha introducido una reforma al Código Penal, conocida como De Mahakumu Jazaai Osulnama, que permite a los hombres golpear a sus esposas e hijos siempre que no existan heridas visibles. El artículo 32 otorga a los líderes de un hogar la facultad de imponer castigos físicos discrecionales, lo que ha sido interpretado como una legalización de la violencia doméstica.
La normativa también establece que las esposas son consideradas “esclavas” legales y no pueden abandonar la casa sin autorización. Si lo hacen, pueden enfrentar hasta tres meses de prisión.
El Talibán ha impuesto desde su primera llegada al poder en 1996 una interpretación estricta de la ley islámica (sharía), que restringió severamente los derechos de las mujeres como la prohibición de estudiar, trabajar fuera del hogar o salir sin acompañamiento masculino. Tras la invasión estadounidense en 2001, muchas de estas normas fueron derogadas, pero con el regreso del Talibán al poder en 2021, se reinstauraron medidas similares.
Históricamente, el sistema judicial afgano ha estado marcado por la aplicación de castigos corporales y diferenciados según el estatus social. La nueva reforma refuerza esa tradición, institucionalizando prácticas que ya se aplicaban de manera informal en comunidades rurales bajo control talibán.
Aunque el código contempla una vía judicial para denunciar agresiones, las condiciones son prácticamente imposibles de cumplir debido a que las mujeres deben mostrar heridas graves ante un juez, permanecer completamente cubiertas y acudir acompañadas por su esposo o tutor masculino, lo que en muchos casos significa depender del propio agresor para poder denunciar.
La reforma establece que un esposo que golpee a su esposa podría enfrentar hasta 15 días de prisión, únicamente si se generan fracturas, heridas o moretones visibles. En contraste, el artículo 70 fija una pena de cinco meses de cárcel para quienes organicen peleas de perros. Esta disparidad ha generado indignación internacional y llamados de organizaciones de derechos humanos para intervenir.
El código penal introduce un sistema de castigos basado en cuatro estratos sociales: clero, élite, clase media y clase baja.
El clero y la élite solo reciben advertencias o citaciones judiciales. La clase media enfrenta citaciones y prisión. La clase baja puede ser castigada directamente con amenazas, golpes y hasta 39 latigazos, según lo estipulado en el capítulo 3, artículo 9.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas disposiciones institucionalizan la violencia doméstica y profundizan la discriminación contra las mujeres y las clases sociales más bajas. La comunidad internacional recuerda que Afganistán ya había sido señalado en informes de la ONU por violaciones sistemáticas a los derechos humanos tras el regreso del Talibán al poder en 2021. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
