Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Humberto Prieto fue tajante en medio de la convulsión que ha generado la reactivación de las órdenes de aprehensión en contra de Francisco García: “La justicia no puede ser un instrumento de poder ni de privilegios como se usó”.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso sostuvo que la suspensión de un juez federal, no se trató de una confrontación con el Poder Judicial, sino de defender la legalidad, el Estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones.
Recordó que el Tribunal de Disciplina Judicial Federal confirmó la responsabilidad administrativa del entonces juez del Séptimo Distrito, Juan Fernando Alvarado López, por conductas calificadas como graves durante su desempeño en Reynosa.
De acuerdo con la resolución, el juzgador incurrió en notorio descuido y falta de profesionalismo judicial al manejar de manera irregular incidentes de suspensión en diversos juicios de amparo, apartándose del procedimiento legal.
El tribunal acreditó que emitió acuerdos y determinaciones fuera del marco normativo aplicable, vulnerando los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir la función jurisdiccional, especialmente en asuntos de alto impacto público.
Como sanción, se determinó su inhabilitación temporal por un año para ejercer cargos públicos, una medida que, subrayó Prieto Herrera, reconoce formalmente que existieron conductas incompatibles con la responsabilidad de impartir justicia.
Para el legislador, esta resolución confirma que en el pasado reciente operaron prácticas de grave negligencia dentro del sistema judicial, favoreciendo intereses particulares en detrimento del interés público y la correcta aplicación de la ley.
Señaló que durante años hubo decisiones que obstaculizaron procesos relevantes, mientras asuntos menores se resolvían con severidad desproporcionada, evidenciando distorsiones profundas en la actuación de algunos jueces.
Prieto Herrera, afirmó que antes el Poder Judicial estaba corrompido por acuerdos con personajes políticos influyentes, lo que impedía avanzar investigaciones y resoluciones, incluso en casos donde existían órdenes de aprehensión vigentes.
Indicó que mientras algunos procesos se detenían mediante suspensiones estratégicas, ciudadanos enfrentaban condenas prolongadas por delitos menores, lo que reflejaba un sistema desigual y vulnerable a actos de corrupción.
En contraste, sostuvo que hoy existe un nuevo Poder Judicial que está dando resultados y permitiendo que los procesos avancen conforme a derecho, sin privilegios ni tratos preferenciales para nadie.
Sobre el exmandatario de Tamaulipas, actualmente reclamado por el gobierno mexicano para su extradición por delitos relacionados con delincuencia organizada, el diputado evitó mencionar nombres, pero enfatizó que la justicia debe seguir su curso.
Aseguró que corresponde a las autoridades federales y judiciales conducir los procedimientos en los tiempos legales establecidos, pero destacó que ahora existen condiciones para que los casos se resuelvan sin interferencias indebidas.
“El nuevo Poder Judicial está trabajando como siempre debió hacerlo”, expresó, al insistir en que lo fundamental es que en Tamaulipas se garantice justicia para todas y todos, sin excepciones.
Prieto Herrera añadió que cuando las instituciones funcionan, la verdad termina por abrirse camino, como ocurrió con la sanción al juez que otorgó amparos que impidieron durante años la ejecución de órdenes judiciales.
Enfatizó que el Congreso del Estado seguirá defendiendo la legalidad sin miedo ni titubeos, porque la transformación, dijo, implica que nunca más la ley se utilice para proteger a unos cuantos en perjuicio de la mayoría.
El legislador concluyó que la inhabilitación marca un precedente relevante para el sistema judicial, al enviar el mensaje de que los jueces también están sujetos a responsabilidad cuando se apartan de la Constitución.
“Queremos que se haga justicia en Tamaulipas”, reiteró, al señalar que la ciudadanía exige resultados concretos y procesos transparentes que fortalezcan el Estado de derecho y la credibilidad institucional.
