Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), documentó más de 800 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos en el último año.
Lo anterior fue dado a conocer por María Taide Garza Guerra, al dar a conocer su Segundo Informe Anual de Actividades como Presidenta de la CODHET ante los diputados de la 66 Legislatura.
Durante su exposición, la titular del organismo detalló que en el periodo reportado se otorgaron más de 6 mil atenciones ciudadanas por los actos vivieron ciudadanos en materia de derechos humanos.
Además, la Comisión emitió más de 200 medidas cautelares y 30 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades, como parte de las acciones para prevenir daños irreparables y corregir prácticas institucionales contrarias a la legalidad.
Garza Guerra, informó que también se llevaron a cabo cerca de 500 actividades de capacitación, alcanzando a más de 37 mil personas, fortaleciendo la cultura de respeto y promoción de los derechos humanos en diversos sectores.
La CODHET mantuvo presencia en los 43 municipios del estado mediante visitadurías y delegaciones regionales, realizando además supervisiones en centros de internamiento, albergues y espacios destinados a población en situación vulnerable.
En el posicionamiento del Congreso, la diputada Eva Araceli Reyes González reconoció la amplitud del informe y expresó la disposición del Poder Legislativo para actualizar el marco jurídico en materia de derechos humanos.
La legisladora subrayó que la defensa de los sectores vulnerables exige coordinación entre instituciones y afirmó que el Congreso está preparado para impulsar reformas que fortalezcan la protección y garantía de derechos fundamentales.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera, destacó que la designación de la actual presidenta fue resultado de un proceso responsable orientado al fortalecimiento institucional del estado.
El legislador afirmó que la Comisión actúa con sensibilidad hacia las víctimas y reiteró que el Congreso respeta plenamente su autonomía, al tratarse de poderes distintos con un objetivo común: proteger la dignidad de las personas.
El documento entregado quedó formalmente recibido por la Legislatura 66 y será turnado al Pleno para su conocimiento y análisis correspondiente, como parte del ejercicio de rendición de cuentas institucional.
