Ciudad de México.- En una acción coordinada contra estructuras financieras del crimen organizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenó el bloqueo de cuentas a siete personas —seis físicas y una moral— por su presunta participación en un esquema fraudulento de comercialización de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La medida impide que los señalados realicen cualquier operación dentro del sistema financiero nacional y forma parte de la estrategia federal para debilitar los mecanismos económicos que sostienen a organizaciones delictivas de alto impacto.
De manera simultánea, la Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 empresas— presuntamente relacionados con la misma red fraudulenta.
Las autoridades estadounidenses precisaron que la estructura operaba principalmente en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit, donde utilizaba compañías del sector inmobiliario y hotelero como fachada para captar recursos, en su mayoría de ciudadanos estadounidenses.
Según la información oficial, el esquema consistía en ofrecer servicios de reventa o renta de tiempos compartidos mediante llamadas telefónicas y contratos aparentemente formales, solicitando pagos anticipados bajo promesas de operaciones inmobiliarias inexistentes.
En diversos casos, las víctimas eran contactadas nuevamente por supuestos intermediarios, gestores o abogados que exigían depósitos adicionales para cubrir presuntos impuestos, honorarios o trámites que nunca se concretaban.
Entre las empresas señaladas por autoridades estadounidenses figura el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, que presuntamente formaba parte de la red operativa utilizada para simular legalidad y atraer a los afectados.
El congelamiento de cuentas busca frenar el flujo de recursos y evitar que los implicados dispongan de activos dentro del sistema financiero mexicano, mientras las sanciones internacionales limitan su margen de maniobra en el extranjero.
Las investigaciones continúan abiertas en ambos países, con la integración de expedientes que permitan deslindar responsabilidades penales y administrativas derivadas de este caso de fraude transnacional.
